Bogotá, Colombia.- El testimonio de un ex jefe paramilitar según el cual hubo “falsas desmovilizaciones” para inflar las cifras oficiales colombianas, sumado a la investigación de un supuesto montaje en la entrega de una columna guerrillera, han puesto en duda los logros en pacificación de Álvaro Uribe durante su presidencia.

Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, presentó como uno de sus principales logros la desmovilización -a cambio de beneficios procesales- de 32.000 miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) y se refirió a esa negociación como “un modelo colombiano digno de exportar”.

Sin embargo, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón, preso en una cárcel de Bogotá, aseveró el lunes que en ese proceso hubo “falsas desmovilizaciones” de civiles que se hicieron pasar por combatientes, debido a la presión que sentía el gobierno por mostrar resultados.

Rendón había denunciado ya la semana pasada, en un testimonio judicial, que el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo acordó con el ex jefe de AUC Diego Murillo incluir a civiles en el acto de entrega de armas de su facción en noviembre 2003.

Las denuncias de Rendón fueron criticadas por el vicepresidente Angelino Garzón, quien aseguró que tanto “la guerrilla como las bandas narcotraficantes y la delincuencia por principio siempre trabajan para debilitar la institucionalidad, la democracia, y para generar dudas sobre el Estado”.

Pero analistas del conflicto colombiano afirman que las dudas sobre el proceso de desmovilización paramilitar habían sido expresadas ya antes por organismos internacionales.

A Uribe “le cabe una responsabilidad política pues actuó de forma errónea frente a las desmovilizaciones que presentó con una actitud propagandística, pese a saber que esa labor quedó a mitad de camino”, dijo Alvaro Villarraga, de la Fundación Cultura y Democracia, a la AFP.

Villarraga, miembro además de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que vigila el desarme, recordó que varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y Human Rights Watch advirtieron de irregularidades en ese desarme.

“Pese a las advertencias sobre un alto grado de reincidencia de los desmovilizados, el rearme y a informaciones sobre las cifras exageradas en el número de supuestos desmovilizados, el ex presidente Uribe ignoró de manera deliberada las irregularidades”, afirmó.

A su turno, el congresista Iván Cepeda, del Polo Democrático (izquierda), dijo que estas denuncias “evidencian que las desmovilizaciones de paramilitares durante el gobierno Uribe fueron una gran farsa, orquestada por los mismos paramilitares para beneficiarse jurídicamente”.

“Esas supuestas desmovilizaciones sólo sirvieron para que Uribe presentara resultados positivos, pero indican que su política fracasó y que las estructuras paramilitares continúan con su acción criminal”, aseveró.

Finalmente, el analista León Valencia, de la fundación Nuevo Arco Iris que estudia el conflicto, recordó que pese a que los jefes paramilitares admitieron en la época tener en sus filas a no más de 16.000 combatientes, el gobierno de Uribe “duplicó esas cifras a sabiendas que no correspondían a la realidad”.

“Todo el proceso de desmovilización se infló. En su afán por mostrar éxito en la política oficial de desmovilización metieron al proceso a cualquiera que quisiera participar: estudiantes que desertaron de las aulas, desempleados, campesinos que buscaban un subsidio y ello da al traste con los logros exhibidos por Uribe en esa materia”, concluyó.

La revelación de Rendón ocurre mientras la Fiscalía investiga al ex comisionado Restrepo por otra “aparente falsa desmovilización” de un bloque de la guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el centro del país, el 7 de marzo de 2006.