Internacional

Publicado el lunes, 23 de febrero del 2026 a las 16:57
Washington D. C. – Una familia de origen mexicano ha sido formalmente acusada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de operar una red de tráfico y explotación laboral contra sus propios compatriotas. Los tres implicados podrían enfrentar cadena perpetua de ser hallados culpables de los 35 delitos que se les imputan, los cuales incluyen esclavitud, trabajo forzado y fraude.
La red operaba bajo la fachada de la empresa “Las Princesas”, mediante la cual reclutaban jornaleros en México con promesas de empleo legal bajo el programa de visados temporales H-2A.
Según el reporte oficial, entre los veranos de 2021 y 2022, Martha Zeferino José (42 años), su pareja José Rodríguez Muñoz (ciudadano indocumentado) y su hijo Jeremy Zeferino José (23 años), implementaron un sistema de control absoluto sobre las víctimas:
– Cobros ilegales: Exigían “comisiones importantes” a los trabajadores por el trámite de visas.
– Secuestro de documentos: Al llegar a EU, les confiscaban pasaportes y visados para impedirles el abandono del empleo.
– Amenazas migratorias: Los vigilaban constantemente y los amedrentaban con reportarlos a las autoridades si intentaban comunicarse con personas ajenas al grupo.
Los jornaleros fueron forzados a trabajar en invernaderos y campos agrícolas de Virginia, Carolina del Norte y Florida. La acusación detalla condiciones de explotación extremas:
– Jornadas extenuantes sin pausas ni acceso a agua.
– Alojamiento en viviendas hacinadas, sin calefacción, agua caliente ni ropa de cama.
– Negación de alimentos, atención médica y el impago de los salarios prometidos.
La investigación del Departamento de Trabajo reveló que, al sentirse descubiertos, los acusados intentaron manipular a las víctimas. Mientras Martha Zeferino devolvió documentos y ordenó a los trabajadores mentir a los inspectores asegurando que “todo estaba bien”, su pareja amenazó con la deportación inmediata a quienes se atrevieran a decir la verdad.
El expediente acumula 35 delitos graves, entre los que destacan:
1. Trabajo forzado y conspiración: Pena máxima de 20 años por cada cargo.
2. Captación de extranjeros para lucro y esclavitud: Penas de entre 5 y 10 años.
3. Fraude de visados y obstrucción a la justicia.
Debido a la acumulación de penas por cada una de las víctimas y delitos, la condena efectiva podría resultar en cadena perpetua para los tres señalados, marcando uno de los casos más severos de explotación laboral agrícola en la última década.
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