Guadalajara, Jal. Familiares de las personas detenidas el domingo durante la jornada represora de la policía de Jalisco contra manifestantes que acudieron a Casa Jalisco para protestar por el agua contaminada que el SIAPA envía a los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara, denunciaron a las afueras de la Fiscalía de Jalisco que existe una criminalización de quienes “lamentablemente sufren de una detención arbitraria”.

“ Esta criminalización se está extendiendo a la visita de elementos de la Fiscalía a los domicilios de las familias de las personas detenidas y denunciamos que no ha habido un acceso a la información de las personas detenidas”, señalaron la mañana de este lunes familiares de quienes aún no habían sido dejados en libertad de los 39 detenidos en la jornada de protesta, muchos de ellos en razzias al finalizar la manifestación.

“ Hasta el día de ayer teníamos información de que algunas de las personas detenidas ni siquiera estaba en la Fiscalía sino que estaban resguardadas por la policía estatal, lo cual es contrario a todos los estándares en materia de detención. También ayer de manera intimidatoria cerraron la calle 14 (donde está la sede de la Fiscalía de Jalisco) con patrullas y elementos, algo intimidatorio para las personas y familiares que están aquí resistiendo y exigiendo justicia por sus familiares”.

El nutrido grupo de familiares apoyado por asociaciones y ciudadanos, solicitó que se apliquen los protocolos de detención para la atención y gestión de la protesta social, que existan investigaciones, sanciones y garantía de no repetición.

Solicitaron además al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas una investigación de oficio para que los detenidos sean catalogados como personas defensoras de los derechos humanos, al ser su protesta por el derecho humano al agua.

“ Ahora promueven que hay un grupo de choque en la manifestación, cuando el tema real es la sociedad unida para impulsar el derecho humano al agua. Recordamos al gobierno, a la policía y fiscalía, que ellos también se bañan con agua con caca”, afirmaron quienes protestaban.

Lemus, el represor

Luego de llegar al cargo de gobernador en diciembre de 2024, el empresario, ex coordinador de Coparmex Jalisco, ex alcalde de Zapopan y Guadalajara Pablo Lemus, después de una elección muy cuestionada en la cual los tribunales electorales le dieron finalmente el triunfo en octubre de ese año, menos de un año después el emecista mostró de qué iba su tolerancia hacia la protesta social.

El 15 de noviembre de 2025, se dio la primera represión con policías que golpearon a decenas de personas que se manifestaban por los problemas de agua sucia y desabasto que ya existían entonces. Con uso excesivo de violencia detuvieron a 20 jóvenes, 16 de ellos -varios estudiantes- hoy todavía siguen su proceso en libertad.

En enero de 2025, manifestantes contra el tarifazo al transporte público que aún hoy otorga millones de pesos de “subsidio” a los camioneros, fueron reprimidos también a golpes por policías estatales muy cerca de la torre de Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

Los uniformados rodearon a integrantes de la Asamblea Estudiantil de la UdeG, realizaron razzias, detuvieron a cualquiera que les parecía “sospechoso”, los encerraron, fueron enviados al penal de Puente Grande donde, luego de pasar varios días la mayoría de los detenidos son vinculados a proceso y aunque se les permitió continuar su judicialización en libertad les impusieron medidas cautelares, tales como la firma periódica ante juzgados y la prohibición de acercarse a ciertas zonas gubernamentales.