Lima, Perú.- El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del conflicto interno de Perú (1980-2000) cumplió este viernes 23 años en un momento en el que familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos reiteraron sus denuncias de intentos de borrar la historia en el país andino, tras la llegada al poder de la presidenta Keiko Fujimori.

El conflicto interno se desató en Perú ante el intento de tomar el poder a través de acciones terroristas por parte de las organizaciones subversivas Sendero Luminoso, de corte maoísta, y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de línea marxista, lo que fue respondido por las fuerzas estatales con gran violencia y múltiples episodios de violaciones a los derechos humanos.

“Hace 23 años este informe implicó responsabilidades del Estado y marcó un antes y después, porque permitió visibilizar los graves hechos de violación de derechos humanos en comunidades, en familias, en territorios que fueron ignorados”, indicó a EFE la directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Tania Pariona.

El lugar escogido para celebrar aniversario del informe, que contó con la presencia de familiares de víctimas del conflicto, autoridades y diplomáticos, fue ‘El ojo que llora’ un monumento ubicado en un parque del centro de Lima que contiene miles de piedras con los nombres grabados de fallecidos en el conflicto, que según el propio informe asciende a unas 69 mil personas.

Pariona agregó que el informe sigue siendo vigente, porque todavía no se ha logrado que las víctimas alcancen la justibcia, ya que todavía hay casos de desapariciones y matanzas por parte del Estado sin resolver.

“No se ha logrado reparar a todas ellas y, por el contrario, en este tiempo se han ido consolidando las leyes de impunidad, el intento de reescribir la historia, de querer borrar o esconder esta memoria y últimamente ha habido ataques al Lugar de la Memoria (LUM)”, apuntó en referencia a las críticas por parte de fuerzas conservadoras a este museo que recoge la historia del conflicto.

En ese sentido, la excongresista alertó sobre ataques y de estigmatizaciones a quienes defienden los derechos humanos y el derecho de la memoria por quienes “avalan la impunidad”, aludiendo a la ley de amnistía aprobada en 2024 para militares, policías y civiles que estén procesados por delitos cometidos en el combate a Sendero Luminoso y el MRTA.

“Recordar el informe de la CVR es sumamente relevante en estos tiempos para emitir un mensaje de memoria viva, de pedido de Justicia y de defensa de lo que es nuestra historia y que no la intenten reescribir o cambiar”, agregó Pariona.

Salomón Lerner, quien fue presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sostuvo junto a familiares de las víctimas que un país carece de futuro cuando avanza borrando las señales de camino, y afirmó que la memoria sirve para “superar abismos a los que nunca jamás debemos dirigirnos”.

“No hay justicia sin verdad, y su reverso es que no hay verdad que sobreviva sin justicia”, dijo junto al monumento.

Por su parte, Sharmelí Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos, asesinado por el Ejército en 1988, afirmó que no se puede lograr una reconciliación con silencio y negando la realidad de los hechos y estos se tienen que mirar de frente sin mentiras.

“Nos reconciliaremos cuando la verdad no sea vista como una amenaza sino como un cimiento de la democracia y todos nombres encuentren por fin justicia y paz”, señaló la viuda del periodista.

Así, Pariona apuntó que “la memoria es más poderosa que los intentos de impunidad, porque son hechos que no se pueden esconder, ni borrar ni tapar”. “Son historias vivas que aquí vamos a poder escuchar y creo que son tiempos justamente de tejer comunidad para hacer esta resistencia colectiva”, agregó.