México.- El Presidente plantea urgencia de dar “dientes”a la Cofeco mediante penas de cárcel; actualmente las sanciones se miden en salarios mínimos

El presidente Felipe Calderón anunció que envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma para combatir monopolios, oligopolios y prácticas anticompetitivas, la cual incluye penas de cárcel de tres a 10 años a quienes frenen la libre competencia.

La iniciativa del Ejecutivo incorpora además un castigo económico, equivalente a 10% de los ingresos de la empresa que incurra en prácticas monopólicas absolutas, y de 8%, en caso de prácticas monopólicas relativas.

Actualmente las sanciones se miden en salarios mínimos, lo cual no desincentiva las prácticas indebidas.

Calderón dijo que la legislación integrará a México en el grupo de países que se han actualizado en materia de competencia, y ello motivará la generación de empleos y de crecimiento económico.

Afirmó que las familias mexicanas destinan 30% de su gasto a mercados con problemas de competencia, en los cuales los consumidores gastan 40% más que si hubiera competencia.

En la argumentación de la propuesta, el mandatario expone: “Los monopolios generan precios excesivos de productos y servicios, lo que disminuye la capacidad de consumo de las familias, especialmente las más pobres”.

La Comisión Federal de Competencia (Cofeco), organismo federal encargado de regular la competencia económica, recibirá facultades para investigar.

Se plantea que sus operaciones y estructuras se modifiquen para mejorar en eficacia, eficiencia y transparencia.

Podrá requerir información a entidades públicas, intervenir archivos de empresas y llevar a cabo verificaciones domiciliarias con pleno poder.

El Presidente propone también crear tribunales especializados en competencia económica, dentro del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El sector empresarial recibió con agrado la iniciativa, pero advirtió que deben revisarse los monopolios del Estado.

En la Cámara, la bancada priísta señaló que no permitirá que la reforma se convierta en una “persecución económica” contra grupos empresariales.