Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso una controversia constitucional para impugnar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la que le ordenó entregarle al Instituto Nacional Electoral (INE) información correspondiente a cuatro carpetas de investigación relacionadas con los casos de Odebrecht y del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, instruyó turnar el expediente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien ya se declaró incompetente para conocer de la otra controversia que promovió la FGR para no entregar información al INE sobre la investigación que se inició en contra de Pio López Obrador, David León Romero y Morena.

De hecho, en la semana que está por iniciar el Alto Tribunal discutirá el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá respecto al impedimento que presentó Ortiz Ahlf, quien también es esposa del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti.

En abril del 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE requirió copias certificadas de las carpetas de investigación del caso Odebrecht y el estado procesal que guardan, ello con el fin de continuar con un procedimiento de fiscalización que tiene en sustanciación.

Este asunto surgió en el 2017 tras las denuncias que presentaron el PRD y Morena, en las que señalaron una probable aportación de ente prohibido a favor de la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la FGR se negó a dar información y la documentación requerida, por el carácter reservado de las carpetas, pues estimó que se encuentra obligada a salvaguardar el sigilo de las investigaciones.

No obstante, la Sala Superior resolvió que el secreto ministerial no es oponible a la facultad de fiscalización del INE, por lo que le ordenó entregar la información solicitada.

Los magistrados argumentaron que el Ministerio Público debe tener en cuenta que tanto la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, así como el Código Nacional Procesal Penal, señalan que las autoridades federales, como lo es la FGR, deben colaborar con las autoridades electorales, en esta ocasión con el INE, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, como lo es la de fiscalización.

Mencionaron que el hecho de que la FGR otorgue información, no implica que la misma deje de ser reservada o confidencial, pues el INE tiene el deber de mantenerla protegida y de utilizarla exclusivamente para los fines estrictamente necesarios.

Fuente: MVS Noticias