Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció la facultad de atracción sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua de 73 años, quien el 25 de febrero de 2007 fue víctima de abuso y tortura por parte de militares en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, y falleció al día siguiente sin recibir atención médica adecuada.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, la medida se toma en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia de septiembre de 2025, “a fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la agraviada, con apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia”.

El caso estará a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

“ Las indagatorias refieren que la víctima, habitante de la comunidad de Tetlatzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue agredida sexualmente en febrero de 2007 y falleció al día siguiente, antes de recibir atención médica”, señala el comunicado.

“ En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, entre otros. Respecto del último derecho humano vulnerado, ello obedeció a que la investigación a cargo de la fiscalía local no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables”, agrega.

“ Finalmente, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, como parte de las medidas de reparación integral, llevar a cabo una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional”, concluye el texto.

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio

Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007, cuando Ernestina Ascencio fue agredida por integrantes del Ejército mexicano, durante una etapa de militarización en la región iniciada a finales de 2006 por operativos contra el narcotráfico del 63 Batallón de Infantería. Tras el ataque, la víctima fue encontrada por una hija tirada en el campo con signos de violencia física y sexual.

Sus familiares intentaron trasladarla a varios centros de salud durante más de diez horas, pero en muchos fue rechazada o no recibía atención adecuada. Finalmente ingresó al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2007, sin recibir intervención quirúrgica. La ausencia de intérpretes de náhuatl en los hospitales impidió una comunicación adecuada entre la víctima, sus familiares y el personal médico.

La Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado mexicano en el caso. Entre las medidas ordenadas por la Corte se incluyen la reapertura de la investigación penal, la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la capacitación de funcionarios públicos, el fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.

En diciembre de 2025, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad durante la audiencia en la que le fue notificada la sentencia. En su conferencia matutina del 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno cumplirá con las acciones ordenadas por la Corte.

El Estado cumplirá con orden de la CIDH en caso Ernestina Ascencio: Sheinbaum

Pablo Mendizábal, médico forense del caso Ernestina Ascencio, aseguró en Aristegui en Vivo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que el fallo confirma lo que él y otros peritos sostuvieron desde el inicio y expuso las consecuencias laborales y personales que enfrentó por mantener su dictamen.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Mendizábal relató que, al concluir la necropsia, el equipo forense reportó indicios de agresión sexual. “Desde el momento en que terminamos el estudio de necrocirugía en la señora Ernestina Ascencio, reportamos que había muchas evidencias, pruebas de que ella había sido violentada sexualmente”, señaló.

A partir de ese dictamen, aseguró, comenzaron una serie de presiones institucionales: “Se nos vino encima el sistema en aquel entonces […] fuimos presionados, amenazados y tuvimos la suerte y la fortaleza de sostenernos en el dictamen”, aseguró al narrar las presiones que sufrió por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El médico forense sostuvo que, tras 17 años, la resolución internacional confirma su actuación profesional. “Después de 17 años vemos que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio no ha sido en vano”, dijo, al tiempo que expresó su expectativa de que se cumpla íntegramente la sentencia del tribunal, incluida la atención a los hijos de la víctima y el reconocimiento a quienes participaron en el caso.

Presiones y amenazas

“ Fuimos perseguidos por el gobierno en aquel entonces del PAN, después del PRI y ahora este, nos tocó parte del gobierno de Morena, que más bien no nos han hecho caso”, señaló.

Mendizábal describió un patrón de persecución que, afirmó, se extendió a lo largo de distintos gobiernos, desde el federal de Felipe Calderón hasta el estatal, en el sexenio de Javier Duarte, actualmente preso.

“ Yo iba a ir a la cárcel por haber determinado cosas que no eran, imagínense, y amenazas contra mi familia anónimas, amenazas contra mí, contra mi esposa, y pues nadie nos abrió la puerta para dar el trabajo”, señaló.

Indicó que fue suspendido de la Procuraduría y posteriormente despedido, sin liquidación, y que no obtuvo respuesta a sus solicitudes de reinstalación. “Nada, ni un centavo me dieron”, dijo.

Actualmente, dijo, trabaja en la sierra de Zongolica, en la comunidad de Soledad Atzompa. Sin embargo, precisó que su petición de restitución laboral ha sido constante: “Sí, es lo que yo pedí siempre desde un principio mi reinstalación”.

Detalló que tiene 66 años y que, a pesar de su edad y de estar enfermo, continúa trabajando. “Yo debería ya de haber estado pues pensionado”, añadió.

Reiteró que su exigencia se limita a la restitución de derechos laborales o, en su caso, a una liquidación y pensión conforme a la ley, por lo que desea la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

Pruebas que “echaron abajo”

En cuanto a su función en el caso, Mendizábal recordó que se desempeñaba como perito médico forense del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, y que realizó la primera necropsia: “Lo que yo dije es lo que está saliendo ahorita a la luz. La señora fue agredida sexualmente”.

Posteriormente participó en una exhumación y en diversas pruebas periciales. Indicó que se levantaron muestras y se practicaron análisis químicos.

“ Se hallaron cromosomas ahí de por lo menos tres personas, en el semen de la gente que recogimos, porque recogimos semen, encontramos la p-30 (o PSA), que es característica en los hombres”, afirmó, y sostuvo que esos resultados fueron desestimados. “Todo eso lo echaron abajo, siempre pusieron pretextos”.

Mendizábal recordó que, tras un periodo en el que no fue afectado directamente por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, fue despedido durante el gobierno de Javier Duarte. “Hasta la fecha nunca me regresaron a mí mi trabajo”, agregó.

Sobre Herrera Beltrán, fallecido en mayo de este año, Mendizábal relató que el exgobernador llegó a reconocer frente a él que no le convenía “tener en contra” al entonces presidente Felipe Calderón.

A su juicio, existieron cambios de postura en autoridades estatales derivadas de presiones federales durante el desarrollo del caso, lo que, afirmó, derivó en la desestimación de pruebas y en acciones en su contra.

En el contexto de la sentencia de la Corte IDH, el médico forense hizo un llamado a las autoridades actuales para que intervengan en su caso. “Yo no pido nada que no sea que me hayan quitado mi trabajo, y mi tranquilidad”, expresó.

Precisó que, de no ser reinstalado, solicita una liquidación por 20 años de servicio y el acceso a la pensión correspondiente, al señalar que no recibió compensación alguna al ser separado del cargo.

Mendizábal reiteró que, a partir del fallo internacional, tiene la expectativa de que se haga justicia tanto para la familia de Ernestina Ascencio Rosario como para quienes participaron en la investigación pericial.

Con información de Aristegui Noticias