Ciudad de México.- La sentencia dictada contra el ex sacerdote costarricense Mauricio Víquez Lizano, a quien se le negó un amparo contra su extradición, quedó firme, por lo que está libre el camino para que la Fiscalía General de la República (FGR) lo entregue a su nación de origen.

Juan Mateo Brieba De Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, publicó un acuerdo notificado que la sentencia causó ejecutoria, porque no fue impugnada.

“En atención a la cuenta, se declara que la determinación referida, ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido”, detalla la publicación.

En febrero, el juzgador rechazó otorgarle la protección de la justicia al ex prelado, tras declarar infundados e inoperantes cada uno de los argumentos de Mauricio Víquez, quien alegó que su detención en nuestro país, ocurrida en 2019, no cumplía con los requisitos que marca el Tratado de Extradición entre ambas naciones, y que los delitos que le imputan ya prescribieron.

La Fiscalía de Genero del Ministerio Público de Costa Rica lo acusó por 53 cargos de abuso sexual, dos por violación calificada, dos por corrupción agravada, dos por violación agravada en grado de tentativa y seis cargos por difusión de pornografía.

Ante lo infundado e inoperante de los alegatos, el juez determinó negar la protección de la justicia contra el acuerdo del 28 de febrero de 2020, que emitió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien lo concedió en extradición.

Mauricio Víquez alegó que no se acreditó plenamente el requisito que marca el artículo 7 del Tratado de Extradición celebrado entre México y Costa Rica, porque a la solicitud diplomática para pedir la extradición, no se anexó copia certificada de la orden de aprehensión, detención o reaprehensión dictada por autoridad competente por los hechos que le imputan los ofendidos. Indicó que solo se entregó una solicitud de gestión para resolver en definitiva su situación jurídica.

El presunto abusador de menores también alegó que se le debió aplicar la ley 7594 de Costa Rica (ley más favorable) que se refiere al Código Procesal Penal vigente del 1 de enero de 1998 al 29 de agosto de 2007.

“ La legislación mexicana aplicable en aquella época no señalaba la mayoría de edad de las víctimas menores para dar inicio al plazo del cómputo de la prescripción de la acción penal, solo consideraba el término medio aritmético de la pena a aplicar, por lo que bajo esa fórmula, la prescripción ya había operado para los delitos cometidos en contra de las víctimas, añadió.

Aseguró que se vulneraron sus derechos humanos al debido proceso, presunción de inocencia e igualdad, porque no contó con asistencia consular efectiva de forma inmediata a su detención y durante todo el procedimiento, motivo por el cual “se produjo un efecto corruptor, en tanto que al momento de su detención, no se le informó de su derecho a comunicarse con la oficina consular de su país, no se contactó de forma directa al consulado, ni tuvo asistencia consular al momento del desahogo de las audiencias ante la jueza de control”

Mauricio Víquez fue detenido en el estado de Nuevo León, en agosto de 2019, por elementos de la Fiscalía General de República (FGR).

Debido a las denuncias en su contra, la Iglesia católica lo sancionó y lo expulsó en 2018. Víquez está interno en el reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

Con información de Milenio.