Nacional
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La Jornada
Publicado el jueves, 9 de abril del 2026 a las 22:09
Morelia, Mich.– En una revelación que escala la tensión política en la entidad, el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, afirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) facilitó la huida de Silvano Aureoles Conejo. El exmandatario perredista es actualmente prófugo de la justicia, enfrentando órdenes de aprehensión por delitos que van desde fraude millonario hasta homicidio y tortura.
Según las investigaciones ministeriales derivadas de operativos realizados el 1 y 2 de marzo de 2025, el grupo criminal habría interceptado el despliegue de la fiscalía en territorio jalisciense para rescatar a Aureoles y trasladarlo hacia el norte del país.
“ Quienes lo ayudan a salir del estado de Jalisco fueron miembros de este grupo delincuencial… son quienes le ayudan a trasladarse al norte de México y muy probablemente fuera del país”, aseveró Torres Piña.
Ante la alta probabilidad de que el exgobernador haya cruzado la frontera, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) gestionar el apoyo de la Interpol. El objetivo es emitir una ficha roja que permita su captura en cualquier país con convenios de extradición.
Ramírez Bedolla vinculó directamente el apoyo de la delincuencia organizada con la evasión de la orden de aprehensión federal relacionada con un desfalco de 3 mil 600 millones de pesos, recursos destinados originalmente a la construcción de cuarteles para la extinta Policía Michoacán.
El exmandatario enfrenta una doble ofensiva judicial que ha derivado en la detención de varios de sus colaboradores más cercanos:
1. Delitos Federales (Corrupción): Un presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos. Por este caso ya han sido procesados exsecretarios de Finanzas y Seguridad Pública.
2. Delitos Estatales (Derechos Humanos): Un juez local emitió una orden de captura por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. Esto tras la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas en la comunidad de Arantepacua en 2017, durante un fallido operativo policial para recuperar vehículos de carga.
Junto a Silvano Aureoles, las autoridades buscan a Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública, y a otros 14 exfuncionarios implicados en las acciones represivas de Arantepacua. El gobierno actual enfatizó que el uso de estructuras criminales para evadir la justicia es una línea de investigación prioritaria que complica la situación jurídica del exgobernador.
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