Ciudad de México.- Para atender a los millones de mexicanos que carecen de afiliación a IMSS, ISSSTE, Sedena u otra institución de seguridad social, el Gobierno actual decidió sustituir al Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero tres años después y ante el fracaso del Instituto, lo enterró e hizo una nueva sustitución.

El pasado 25 de abril, a iniciativa de Morena, la Cámara de Diputados, aprobó reformas a la Ley General de Salud y sustituyó al Insabi por el IMSS Bienestar.

El programa IMSS Bienestar quedó como prestador de los servicios de salud que se brinden a las personas sin seguridad social otorgándole la facultad de organizar, operar y evaluar estas acciones.

Además, se estableció un mecanismo legal que permite que los recursos presupuestales federales que se destinen al rubro de salud puedan ser canalizados al IMSS Bienestar, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El propósito es revertir la descentralización de los servicios de salud, a través de la federalización de éstos al IMSS-Bienestar.

Desde que el Gobierno actual decidió eliminar al Seguro Popular, un programa que desde 2004 financiaba tratamientos médicos a mexicanos que no tenían afiliación a ninguna institución de seguridad social y que para 2020 ya contaba con más de 50 millones de afiliados, hubo cuestionamientos respecto al surgimiento del Insabi, el cual, aseguraron los expertos en salud pública, surgió sin diagnóstico, carecía de plan de implementación y de reglas de operación, así como de los recursos financieros necesarios para atender a los millones de mexicanos que carecen de seguridad social.

Además, los expertos alertaron sobre los riesgos de la recentralización de los servicios de salud, que inició desde la creación del Insabi.

El nuevo modelo de IMSS Bienestar corre el mismo peligro que el Insabi, pues no hay una planeación adecuada que garantice efectivamente el derecho a la protección social en salud, aseguró Éctor Jaime Ramírez Barba, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Además, advirtió, no cubre los tres niveles de atención, es decir, la atención especializada, y carece de la infraestructura y personal de salud necesarios para asumir la responsabilidad de brindar atención a todos los millones (se estiman hasta 70 millones) de mexicanos sin seguridad social.