Internacional
Por
AFP
Publicado el martes, 16 de diciembre del 2025 a las 20:15
París.- El Parlamento francés aprobó este martes definitivamente la suspensión de la impopular reforma de las pensiones del presidente, Emmanuel Macron, una de las exigencias de la oposición socialista para no hacer caer al gobierno actual.
La adopción por 247 votos a favor y 232 diputados en contra se produjo en el marco del presupuesto de la Seguridad Social; el Parlamento sigue debatiendo la otra parte del proyecto de cuentas para 2026.
Esta primera victoria para el primer ministro, Sébastien Lecornu, aleja por el momento la caída de su gobierno, después de que la Asamblea Nacional (cámara baja) ya desconociera a sus dos predecesores en menos de un año.
“Es una victoria del Parlamento”, celebró su presidenta, Yaël Braun-Pivet, más aún dado que el gobierno renunció a la posibilidad de aprobarlo sin el voto de los legisladores, como se lo permite la ley y lo ha hecho desde 2022.
El proyecto aprobado contempla la suspensión hasta 2028 de una de las reformas claves del segundo mandato de Macron que retrasa la edad de la jubilación a 64 años y aumenta a 43 años la cotización necesaria para una pensión completa.
Los diputados también suprimieron otras medidas previstas por el gobierno para sanear las endeudadas arcas públicas de la segunda economía de la Unión Europea, como la congelación de las pensiones y de las ayudas sociales.
Sin embargo, las negociaciones continúan sobre la otra parte de las cuentas, el presupuesto del Estado, que el lunes recibió el primer visto bueno del Senado. Diputados y senadores deben alcanzar ahora un texto de compromiso.
La cuestión de los ingresos será clave, ya que el gobierno quiere reducir el déficit público a 5 por ciento del producto interno bruto (PIB), también porque los socialistas reclaman medidas de justicia fiscal, especialmente impuestos a los ultrarricos.
Si diputados y senadores no se ponen de acuerdo, el trámite parlamentario podría extenderse hasta, por lo que el gobierno podría adoptar una ley especial para garantizar temporalmente la financiación de las administraciones públicas.
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