Ciudad de México.- Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) así como la entrega de más de 15 mil millones de pesos a las arcas de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Elizabeth Trejo Galán, jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed), la cual impugnó el Decreto legislativo que ordena la eliminación de los fideicomisos. La medida cautelar, tiene efectos generales y prevalecerá hasta que se resuelva de fondo el amparo.

La resolución ordena que no se extingan ni se haga entrega de los fondos, recursos remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Se concede SUSPENSIÓN DEFINITIVA en el juicio de amparo 1754/2023, contra el Decreto legislativo que extingue los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. #TodosSomosPJF. 🇲🇽♾💯 pic.twitter.com/tc0q17g44v

— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) November 27, 2023

Debido a que el decreto impacta a toda la estructura del Consejo de la Judicatura, la juzgadora emitió el acuerdo con efectos generales, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una vez que se emita sentencia.

El pasado 8 de noviembre, la juzgadora admitió a trámite la semana y concedió una suspensión. Este litigio y otros han generado polémica, porque hace unos días los magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México solicitaron a la Corte ejercer su facultad de atracción.

Determinaron que el asunto debe ser estudiado por el Alto Tribunal, debido a la relevancia y trascendencia del caso. Lo anterior, porque la consecuencia del derecho reclamado “es la extinción de diversos fideicomisos que podría tener impacto o no en derechos adquiridos con motivo del desempeño de su encargo (de los juzgadores), aspecto que evidencia el posible riesgo en la pérdida de imparcialidad”.

Información por Milenio