Ciudad de México.- Un juez federal concedió a Roberto Borge Angulo la prisión domiciliaria en el proceso por lavado de dinero y ahora, para salir de la cárcel, sólo restaría que le cambien la prisión preventiva oficiosa en su otro proceso por delincuencia organizada.

El juez autorizó el confinamiento en su domicilio con el uso de brazalete electrónico, aunque para salir de prisión tendría que cubrir una garantía de 10 millones de pesos.

En caso de ser condenado posteriormente, tendría que regresar a prisión.

El ex Gobernador de Quintana Roo fue capturado el 4 de junio de 2017 en Panamá y extraditado a México el 4 de enero del siguiente año.

Desde entonces está internado en el Centro Federal de Readaptación Social de Ayala, Morelos.

De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, el juez justificó su pronunciamiento con base en una jurisprudencia de la Corte, que obliga a revisar la prisión preventiva tras dos años de reclusión.

Con base en lo anterior, determinó que habían cambiado las condiciones objetivas por las cuales hace cuatro años le habían dictado la prisión preventiva justificada y hoy ya no había elementos para presumir que existía el riesgo de que pueda darse a la fuga.

En este caso de lavado, la FGR acusa a Borge de designar a Claudia Romanillos como titular del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo e instruirle vender a amigos y familiares un total de 22 predios de la Riviera Maya a precios subvaluados, lo que ocasionó un daño a las arcas del estado por 900 millones.

La FGR ya presentó su acusación por escrito por el delito de lavado y pidió que le impusieran una condena de 15 años de prisión.

En el fuero común, al ex mandatario estatal le iniciaron tres procesos, pero hoy en día sólo están en curso dos y ya no está sujeto a la prisión preventiva en ninguno de ellos, por lo que el único obstáculo que lo separa de la libertad es la medida cautelar del procedimiento penal por delincuencia organizada.

Este último expediente se basa en los mismos hechos de la acusación de lavado de dinero.

En cuanto a los dos procesos vigentes en la justicia local de Quintana Roo, uno es por peculado porque se presume que desvió 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V“, durante el periodo de 2011 a 2013.

El otro es por el delito de aprovechamiento ilícito del poder -donde ya también concluyó la etapa de investigación complementaria-, relacionado con el pago irregular de 594 millones de pesos a la empresa paraestatal VIP Servicios Ejecutivos S.A. de C.V.