Dallas, EU.- Una iniciativa de ley interpuesta ante la legislatura de Texas desató polémica esta semana, al proponer sanciones de cárcel a quien en forma consciente contrate indocumentados, excepto si se les ofrece trabajos de segunda.

La propuesta HB 1202 de la representante estatal republicana Debbie Riddle, plantea castigar con dos años de cárcel y hasta 10 mil dólares de multa a quienes en forma “intencional, a sabiendas o por imprudencia” contraten inmigrantes sin permiso.

Sin embargo, la iniciativa exime de toda responsabilidad legal a las personas que contraten indocumentados, aun sabiendo que carecen de permiso, si los emplean para tareas subalternas de escaso salario “a realizar exclusivamente o principalmente en una residencia familiar”.

Los trabajadores domésticos de este tipo (niñeras, sirvientas o jardineros) suelen padecer mayores abusos laborales, con salarios por debajo del mínimo legal y horas extras no pagadas, que el resto de los indocumentados que se emplean en negocios establecidos.

“La HB 1202 ha creado realmente un escándalo en nuestra comunidad”, dijo Laura Murillo, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Houston.

La iniciativa “hace una excepción para aquellos que podrían limpiar su propia casa o cuidar de sus hijos”, precisó.

“Si esto no se puede leer entre las líneas, no sé qué entre líneas pueda uno leer”, indicó Murillo al destacar el fuerte tufo discriminatorio de la propuesta, que calificó totalmente de “inhumana”.

Otros críticos de la iniciativa plantearon que ésta podría tener graves consecuencias para los derechos civiles de personas de todas las razas y estatus migratorio. Tiene el elemento de sometimiento, dijo Clarisa Martínez De Castro, directora de inmigración para el Consejo Nacional de La Raza.

La autora de la propuesta dijo que no esperaba sólo reacciones favorables a su iniciativa de ley. “Yo no soy muy políticamente correcta la mayor parte del tiempo. Yo no soy demasiado buena en eso”, dijo.

“Lo que estoy tratando de hacer es inyectar sentido común en el gobierno. Me doy cuenta de que no es demasiado fácil”, indicó.

Riddle afirmó que en un mundo ideal nadie emplearía inmigrantes indocumentados.

Explicó que incluyó la excepción porque los propietarios de viviendas no tienen acceso al sistema federal de verificación de empleo “E-Verify” que permite a las empresas determinar la elegibilidad de sus empleados para trabajar en Estados Unidos.

“La razón por la que tenemos, en mi opinión, tanta gente que viene en forma ilegal se debe a que este tipo de negocios colocan un gran plato de dulces en el centro de la habitación y dicen: Si puedes cruzar la frontera y pasar a través de la puerta entonces puedes agarrar muchos dulces”, explicó.

“Lo que necesitamos hacer es remover el gran plato de dulces. Es injusto para los contribuyentes de Texas llevar esta carga”, afirmó.

Bajo las actuales leyes federales, los patrones enfrentan multas y sanciones por contratar en forma consciente a inmigrantes indocumentados.

La Suprema Corte de Justicia de Estados analizará en los próximos meses si una ley de Arizona que penaliza a empleadores de indocumentados, puede aplicarse o es precedida por la ley federal.

De acuerdo con el Centro Hispano Pew, en Texas residen alrededor de 1.6 millones de trabajadores indocumentados, muchos de los cuales laboran como jardineros, sirvientas y niñeras.