Lima, Perú.– Integrantes de la Generación Z peruana anunciaron que realizarán una nueva manifestación este sábado para exigir la renuncia del presidente interino, José Jerí, y demandar justicia por la muerte de un manifestante ocurrida en una protesta anterior. Además, los jóvenes activistas exigirán la derogación de leyes que expertos consideran que debilitan la lucha contra la criminalidad.

La convocatoria se produce un día después de que Jerí decretara un estado de excepción de 30 días en Lima, restringiendo derechos constitucionales para supuestamente facilitar el trabajo policial contra el crimen.

Enfrentamiento con el gobierno

” No vamos a dejar de ejercer nuestros derechos constitucionales por lo que digan una serie de ‘mafiosos’ que quieren quedarse con el poder, nos vamos a reunir pacíficamente”, declaró Jorge Calmet, creador de contenido de noticias en TikTok y participante de la protesta.

El primer ministro, Ernesto Álvarez, señaló a la prensa que si la manifestación del sábado supera los 3,000 participantes, se requerirán autorizaciones previas.

La protesta juvenil, que inicialmente se centró en una ley obligatoria de pensiones, se ha expandido para cuestionar a la “élite política” por su supuesta corrupción e insensibilidad ante problemas urgentes.

El 15 de octubre, una masiva marcha en Lima terminó con la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un cantante de música urbana de 32 años, quien falleció por un disparo de policía.

Demandas sociales y económicas

Orlando Carrasco, miembro de la Generación Z y dueño de un restaurante, indicó que sus móviles también incluyen la defensa de los pequeños empresarios y choferes de clase trabajadora que son víctimas constantes de extorsión. “En Perú no extorsionan al dueño de un banco, vienen a matar a los choferes, a los dueños de pequeños restaurantes”, lamentó.

Los jóvenes también denunciaron haber sufrido bloqueos en sus dispositivos móviles tras denuncias de robo, lo que dificultó su organización.

Jerí, quien asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte, aún no se ha pronunciado sobre la exigencia de derogar las leyes que, según expertos, han contribuido al aumento exponencial de la extorsión, que pasó de 2,305 denuncias en 2020 a 21,746 el año pasado.