Ciudad de México.- Con la elección presidencial y la de nueve gubernaturas en puerta, la Cámara de Diputados abrió la rendija de la discrecionalidad a los gobernadores en el uso de los recursos públicos: los “excedentes” que declaren al cierre de 2017 no irán al fondo de pensiones o inversión, podrán destinarlos para atender los daños por “desastres naturales”.

Con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, excepto los legisladores de Morena, que votaron en contra, la Cámara baja aprobó este jueves modificaciones a la novel Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Lo que se busca es garantizar “la continuidad de los esfuerzos que los gobiernos locales han emprendido desde la entrada en vigor de esta ley y dar un impulso de sostenibilidad a las finanzas públicas estatales y municipales”, argumentó la presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista oriunda de Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge.

El 3 de diciembre de 2015, esta misma Legislatura aprobó la creación de dicha ley, que fue ratificada por el Senado de la República en marzo de 2016. Un mes después entró en vigor, tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Veinte meses después, los mismos diputados –que en su mayoría presentaron “los desastres naturales” como bandera para dar “manga ancha” a los gobernadores– le hicieron cambios.

Una parte de la “oposición” aglutinada en el llamado Frente Ciudadano (PAN, PRD y MC) se unió al PRI y sus aliados (PVEM, PES y Panal), para sumar 317 votos a favor de los cambios.

Las diputadas Ariadna Montiel Reyes, Ana Leticia Carrea Hernández y Alejandro Ojeda, de Morena, que se pronunciaron en contra, reclamaron el hecho de que ahora “no se obligue” a los estados para que el excedente de sus ingresos se destine al pago de deuda.

“Al haber discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, el endeudamiento de los estados se incrementará”, dijo Montiel.

Antes, la panista Cruz Blackledge, quien votó a favor, manifestó que para generar mejores condiciones para el crecimiento económico “se dota a las entidades federativas de un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes al establecer distintos porcentajes que deberán destinar a la amortización de la deuda, según el nivel de endeudamiento”.

Además, dijo, se debe incluir la potestad de decidir sobre el destino de sus ingresos excedentes derivados de los recursos de libre disposición, “siempre que se clasifiquen en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo con el sistema de alertas”.

Derivado del endeudamiento atroz que varios gobernadores dejaron en sus entidades –Humberto Moreira (Coahuila), Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Juan Sabines (Chiapas) o Roberto Borge (Quintana Roo)–, el Poder Legislativo decidió crear la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, donde estableció candados para el endeudamiento, así como diversas “alertas”.

Incluso determinó la creación de comisiones que vigilarían el nivel de deuda, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haría del conocimiento de toda la población, a través de su página electrónica, dichos endeudamientos.

Pero ahora, con los cambios a la ley, se da marcha atrás para que los excedentes vayan a gasto de inversión, pago de pensiones o deuda.

El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del partido Encuentro Social, aplaudió que se simplifique poder acceder a recursos para atender contingencias derivadas de desastres naturales, sin embargo, apuntó: “hay varios planteamientos que son una regresión en relación con el estado actual, pues abre la posibilidad a que los ingresos excedentes de la libre disposición puedan destinarse al gasto corriente, lo que es un peligroso retroceso”.

Y lo que es peor, añadió, se hace en tiempos de campañas electorales.

“¿Cómo es posible que se esté proponiendo que ese 5%, o hasta ese 5%, se vaya al gasto corriente y no al de inversión? La caída en el nivel de inversión pública actual se ha visto reflejado en el bajo nivel de crecimiento, y el gasto corriente a menudo no tiene impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, por el contrario, se presta a abusos y sobre todo en tiempo de campañas electorales”, resaltó.

Por su parte, el coordinador de Nueva Alianza, Alfredo Valles Mendoza, quien fungió como uno de los operadores de la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo, expresó:

“El dictamen amplía el margen de maniobra financiera para que puedan hacer uso de sus ingresos de libre disposición, con el objetivo de brindar una atención oportuna a la población que sea afectada por desastres naturales”.

El diputado por Morena, Vidal Llerenas, señaló que lo que hoy se votó fue una ley “que va a dar más manga ancha a los gobernadores de este país para que sigan haciendo lo que se les pegue la gana con las finanzas públicas, para que no amorticen deuda, para que no inviertan en obra pública, para que puedan contratar más personal”.

Recordó que hace poco más de un año se creó la citada ley para “racionalizar” la administración financiera de los estados, “pero hoy se da marcha atrás a un ordenamiento que ni siquiera se ha aplicado”.

Añadió: “En ese momento (diciembre 2015) todo mundo se rasgaba las vestiduras, creo que alguien por ahí hasta lloró por el enorme endeudamiento de las entidades federativas. Claro, el causado por Javier Duarte, por el otro Duarte (César), Roberto Borge y toda esa bola de pillos que andan por ahí”.

Esta ley, remató, se aprobó como “moneda de cambio de los gobernadores” para que los demás partidos votaran el presupuesto de la Federación.

El próximo año se elegirá presidente de la República y a los gobernadores de nueve entidades: Morelos (encabezado por el PRD), Guanajuato (PAN), Chiapas (PVEM), Yucatán (PRI), Veracruz (PAN), Tabasco (PRD), Ciudad de México (PRD), Puebla (PAN) y Jalisco (PRI).