Ciudad de México.- El Gobierno federal enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa para regular el trabajo de los repartidores y choferes de plataformas digitales.

De acuerdo con datos del gobierno hay 658 mil personas empleadas en plataformas digitales, según el SAT, y de esos, 272 mil trabajadores, el 41%, logran un ingreso equivalente o superior al salario mínimo mensual.

El objetivo, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley.

Agregó que se busca que tengan derecho a reparto de utilidades, que sean atendidos en el IMSS si tienen algún accidente y que tengan seguridad social si trabajan tiempo completo.

Afirmó que debe estar regulado el tiempo que trabajan los choferes y repartidores, ya sean dos horas al día o tiempo completo.

Destacó que la iniciativa se trabajó con la Secretaría del Trabajo, las plataformas, el IMSS y el Infonavit.

“ No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley”.

Facilidades e innovaciones en el aseguramiento en el IMSS

• Se crean reglas específicas para el trabajo en plataformas digitales, incluyendo un programa piloto obligatorio para las plataformas de 180 días.

• Alta en el IMSS a inicio de mes sin pago, con ajuste retroactivo y pago a final de mes.

• Se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales.

• En caso de que ocurrieran accidentes de trabajo, la plataforma con la que esté prestando el servicio el trabajador cubrirá el aseguramiento.

• En caso de no alcanzar el salario mínimo, trabajadores podrán optar por su aseguramiento en el régimen de personas trabajadoras Independientes.

Reglas para la desconexión, con y sin responsabilidad para las plataformas

• Para casos graves podrá ser inmediata, por incumplimiento de pedidos o reglas, con al menos tres días de anticipación previo a la desconexión.

• En todos los casos deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algoritmos o computadoras.

• Perspectiva de género, incluyendo protocolos especializados para la atención de casos de acoso, hostigamiento o similares.

• Derecho a pago de utilidades.