Ciudad de México.- Miles de señalamientos en inglés y español con advertencias de “área restringida” han sido instalados por el Ejército de Estados Unidos en zonas desérticas de Nuevo México y el oeste de Texas, donde un muro fronterizo atraviesa ranchos, cultivos y tierras públicas. Esta medida forma parte de una estrategia de militarización que otorga a las tropas facultades para detener personas sin autorización de entrada al país.

La operación responde a una declaratoria de emergencia nacional emitida por el expresidente Donald Trump y permite que el Ejército supervise extensos tramos fronterizos, eludiendo la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la participación militar en tareas civiles.

Las autoridades argumentan que estas zonas ayudan a combatir redes de tráfico humano y narcotráfico, pero organizaciones de derechos civiles y grupos ambientalistas han criticado la acción por limitar el acceso a tierras públicas y aumentar los riesgos para los migrantes desaparecidos.

Actualmente, hay al menos 7 mil 600 militares desplegados en zonas que cubren casi un tercio de la frontera sur, incluyendo regiones de Texas, Nuevo México y próximamente Arizona. En estas áreas, más de mil 400 migrantes han sido acusados de invadir territorio militar, sumando este delito a los cargos de ingreso ilegal.

En Las Cruces, Nuevo México, algunos jueces han desestimado los cargos militares, mientras otros han dictado sentencias. El castigo puede llegar a 18 meses de prisión, además de la deportación.

La presencia militar genera reacciones divididas. Mientras agricultores y exagentes fronterizos ven con buenos ojos el despliegue, cazadores, activistas y defensores legales alertan sobre el uso excesivo del poder y la criminalización del trabajo migrante. La abogada de la ACLU, Rebecca Sheff, advierte que esta política podría expandirse a toda la frontera.

Mientras tanto, tribunales federales analizan si estas zonas restringidas violan la Constitución, al haber sido creadas sin autorización del Congreso. El resultado de estos juicios marcará un precedente clave en el debate sobre el uso militar en territorio nacional.