Washington.- Un juez federal dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump ha “ignorado deliberadamente” el 15 de marzo su decisión de prohibir la deportación de migrantes bajo una ley del siglo XVIII, un hecho que considera una “causa probable” de “desacato judicial“.

“ El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió el juez James Boasberg, quien suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador. 

Esto es “suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato penal“, añade el juez de Washington.

El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley de 1798, pero consideró que los deportados deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados, y no en Washington.

Hasta marzo esa ley se había utilizado solo en tiempos de guerra, especialmente contra japoneses y alemanes en territorio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García formó parte de los deportados el 15 de marzo a pesar de que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.

El gobierno reconoció posteriormente que se debió a un “error administrativo“.

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Trump firmó un decreto que permite usar la ley de 1798 contra los miembros del Tren de Aragua, declarado organización “terrorista” global por Washington.

El gobierno acusa, sin pruebas, a Ábrego García de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada “terrorista”.

Su caso se ha convertido en un símbolo del forcejeo entre Trump, que ha prometido poner fin a lo que considera una “invasión” de “criminales procedentes del extranjero”, y los tribunales.

El presidente acusa a los jueces de “usurpar” las prerrogativas del poder ejecutivo y de obstruir sus planes, para los que cuenta con el respaldo incondicional del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Este último ha puesto a su disposición la megacárcel de alta seguridad Cecot para recluir a los migrantes deportados. A cambio ha recibido ya seis millones de dólares de Washington.