Nacional

Publicado el lunes, 10 de noviembre del 2025 a las 14:50
Saltillo, Coah.- Aunque anualmente se brindan alrededor de 300 mil atenciones de salud mental y los casos aumentaron en los últimos años, partir de la pandemia, el Gobierno Federal le redujo el presupuesto en 5.2 por ciento, es decir, 14.4 millones de pesos, a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.
En el caso de Coahuila, entre 2018 y 2023, el Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, que contiene el apartado de Salud Mental, sólo asignó 1.2 millones de pesos a nuestro estado.
Para este año, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones sólo asignó a Coahuila 3.8 millones de pesos para acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes.
En el Programa de Acción Específico de Salud Mental y Adicciones, el Gobierno Federal reconoce que los recursos económicos, humanos y materiales son insuficientes para atender a personas con algún trastorno o condición.
No hay presupuesto para la prevención, detección, promoción del autocuidado, capacitación del personal en salud mental y adicciones, contención del deterioro cognitivo y la investigación
La diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila (Alianza Coahuila) señaló que es un dato preocupante, porque se requieren de estrategias y programas para promover, proteger y recuperar la salud mental.
La salud mental, explicó, es una parte fundamental para el bienestar, pues millones de personas presentan ansiedad, depresión, estrés y otros trastornos que afectan la calidad de vida.
“ Y lo que podemos ver en este presupuesto para el 2026, es totalmente contradictorio a las indicaciones y planes de acción de la Organización Mundial de la Salud, mostrando un gran desinterés por la salud mental y general de nuestros ciudadanos, dejándolos en estado de indefensión y privación de sus derechos humanos primordiales, como es el bienestar emocional y psicológico”.
Además, el presupuesto del ISSSTE se reduce en 3 mil 049 millones de pesos y el de la Secretaría de Salud, en 2 mil 228 millones, cuando se trata de una dependencia que atiende a familias sin seguridad social, lo que afectará a 60 millones de personas.
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