Ciudad de México.- El Gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) a firmas vinculadas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, por medio de un esquema de triangulación de recursos con empresas localizadas en paraísos fiscales –desde países insulares hasta Estados Unidos–, de acuerdo con los informes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

A través de empresas vinculadas al consorcio que encabezó Jonathan Alexis Weinberg Pinto y que fueron constituidas en Panamá –como Nunvav–, se otorgaron 30 contratos en tecnología y seguridad que terminaron en pagos a cuentas de Israel y Barbados, que luego fueron transferidos a empresas fachada de México y el mismo Estados Unidos, donde el dinero se lavó a través de inversiones inmobiliarias en el estado de Florida.

Este jueves circuló que una corte civil de Miami impuso una multa de 749 millones de dólares 829 mil 676 dólares a Genaro García Luna y de mil 740 millones 25 mil 540 a su esposa, Linda Cristina Pereyra, como parte de un proceso iniciado el 21 de septiembre de 2021 por parte de la UIF para que se restituyeran al país los recursos pagados por el gobierno mexicano a la red de corrupción que involucra al ex secretario de Calderón Hinojosa.

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De acuerdo con los informes de la UIF, a través de Nunvav se cobraba a instancias oficiales y se enviaba al Occidental Bank, en Barbados, a través de Citibank. Al menos 76 millones de dólares del dinero movido por esta empresa del conglomerado Weinberg y que fue constituida en Panamá regresaron a México a través de 64 operaciones utilizando cuentas de una casa de bolsa y de bancos en el país.

En realidad, los hallazgos de la UIF llevaron a imponer una denuncia en la que de inicio se señaló a ocho personas físicas y a 44 empresas de diferentes países como parte de una red para sacar el dinero de México, ocultarlo, y luego devolverlo a sus beneficiarios finales.

Y sólo en México se detectaron 16 empresas que son receptoras de este dinero, algunas de las cuales la mitad están listadas como factureras por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).