México.- Filtraciones orientadas a descalificar a las víctimas, discriminación, omisiones en la indagatoria y la presunción de maltratos o tortura al único procesado por el multihomicidio de la colonia Narvarte –donde murió Rubén Espinosa, colaborador de este semanario–, son algunas de las irregularidades cometidas por las autoridades y que a dos semanas de los hechos destaca en entrevista la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.

Ante un caso escandaloso –en el cual además de un fotoperiodista, entre las víctimas hay una activista de los derechos humanos, Nadia Vera, y otras tres mujeres, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martín, y donde se señala la responsabilidad del gobernador de Veracruz, Javier Duarte– Gómez Gallardo determinó abrir dos quejas: una por posibles violaciones al debido proceso y otra por agravios a la libertad de expresión y a grupos vulnerables.

Tras manifestarse contra las filtraciones a varios medios, entre ellos Televisa, en violación a las medidas precautorias emitidas por la CDHDF el sábado 1, Gómez Gallardo revela que peritos médicos analizan los dictámenes del Protocolo de Estambul, aplicado a Daniel Pacheco Gutiérrez, procesado por feminicidio agravado, homicidio calificado y robo en pandilla, a fin de determinar si en su caso hubo maltrato o tortura.

Como ocurrió con José Antonio Hernández, acusado de la muerte de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, Pacheco alegó haber sido torturado por los agentes que lo aprehendieron.

Aunque ante la juez Hermelinda Silva se reservó el derecho a declarar cuando fue consignado, el jueves 6, Pacheco decidió hablar de esos presuntos abusos el viernes 7 y el sábado 8, cuando funcionarios de la Primera Visitaduría de la CDHDF ingresaron al Reclusorio Oriente para tomar su declaración y aplicarle las pruebas del Protocolo de Estambul.

En la fotografía del indiciado, que las autoridades enviaron a los medios, en el rostro del exconvicto –cumplió una condena de nueve años por violación y robo– se aprecia un hematoma en el ojo izquierdo, mismo que se ve entrecerrado por la inflamación.

En sus declaraciones ministeriales, filtradas a algunos medios, Pacheco se habría abstenido de presentar una querella contra sus aprehensores y habría dicho que los golpes que presentaba se los había provocado al resistirse a la captura.

Gómez Gallardo explica que el organismo “está configurando la investigación para determinar si el tipo de lesión que presenta (Pacheco Gutiérrez) tiene que ver con la propia detención, en el uso adecuado de la fuerza”.

La titular de la CDHDF admite que por el momento la institución no puede pronunciarse sobre presunta tortura sufrida por el detenido, pues apenas se analizan su declaración y las pruebas del Protocolo de Estambul (método psicológico y médico para determinar maltrato y tortura).

Y mientras peritos médicos determinan el origen de las lesiones del indiciado de 41 años y quien aseguró ser pulidor de autos, Gómez Gallardo envió una alerta a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ante los temores por la integridad del prisionero.

Para ella, revisar que en el caso del indiciado se garantice la debida defensa, más allá de ser un derecho humano, tiene que ver con el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia y la verdad, pues por fallas en el procedimiento, responsables de delitos pueden acceder a amparos y lograr la libertad.

VÍCTIMAS DESACREDITADAS

En el caso del quíntuple homicidio, Gómez detecta de entrada que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Rodolfo Ríos Garza, olvidó la recomendación 03/2012 de la CDHDF, la cual instruye a la dependencia a “que cuando se detenga un probable responsable, no haya una exhibición a medios porque eso vulnera el principio de presunción de inocencia”.

Dicha recomendación, recuerda Gómez Gallardo, se emitió porque personas alguna vez exhibidas ante los medios por la PGJDF como responsables de delitos, y quienes luego comprobaron su inocencia, “tuvieron una afectación en su imagen pública”.

A dos semanas de los homicidios de la colonia Narvarte, Gómez Gallardo, abogada experta en defensa de la libertad de expresión, manifiesta otras preocupaciones de la CDHDF, que dieron lugar a la apertura de otra queja en la Cuarta Visitaduría, así como a la emisión de medidas precautorias y comunicaciones a la PGJDF y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Entre las primeras acciones del organismo en este caso, el sábado 1 se inició una investigación de oficio en la Cuarta Visitaduría, además de solicitar medidas precautorias a la Dirección General de Derechos Humanos de la PGJDF, para evitar la revictimización de las víctimas directas e indirectas e informar de las indagatorias a los familiares; un día después se pidió que se realizaran las investigaciones con perspectiva de género, dado que cuatro de las cinco víctimas eran mujeres.

El domingo 2 se solicitó al TSJDF “preservar la evidencia asociada con ropa y efectos personales” y evitar “cualquier acto de revictimización”, luego de las autopsias.

En tanto que a la Secretaría de Seguridad Pública se le solicitaron medidas de protección para los manifestantes del domingo 2 y, un día después, que “se resguardaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas en el perímetro alrededor del lugar de los hechos”.

Para la presidenta de la CDHDF, una de las preocupaciones del organismo es que en las indagatorias se apliquen los protocolos correspondientes a los feminicidios y el Ministerio Público cumpla su “obligación de abrir la línea de investigación de libertad de expresión”.

Puntualiza que es indispensable que, por los perfiles de Espinosa Becerril y la defensora Nadia Vera, se considere “el contexto de qué intereses estaban afectando”.

Apunta que la CDHDF solicitó información a su contraparte de Veracruz para saber “si tenía algún antecedente respecto al fotoperiodista, confirmando que ya había emitido alguna recomendación contra las autoridades que habían violado sus derechos” en aquella entidad.

LA LÍNEA DESCUIDADA

Sobre las dudas de los familiares de las víctimas y sus defensores acerca del móvil del robo como el origen de los asesinatos —como afirma la PGJDF—, Gómez Gallardo considera que “independientemente de que ellos (la Procuraduría) tengan una hipótesis, al día de hoy no hay claridad, porque todavía hay líneas que se tienen que seguir configurando”.

Entrevistada el jueves 13, un día después de que Joaquín López Dóriga presentara en su noticiario el resultado del examen toxicológico de las víctimas, del cual se desprendería que Rubén Espinosa y Nadia Vera habían consumido drogas, Perla Gómez reprocha la desatención a las medidas precautorias para que las autoridades no filtraran información.

Ante el reclamo por la revelación de información confidencial a algunos medios, el lunes 10 la PGJDF le informó que se había abierto una averiguación previa para deslindar responsabilidades, sin que se suspendiera la publicación de los datos del expediente.

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