Tijuana.- Ante las acusaciones de extorsión hechas públicas por los titulares del gobierno del estado y los cinco municipios de Baja California, Grupo Healy ha determinado presentar una demanda civil en su contra.

El pasado jueves 12 de marzo, el titular del ejecutivo estatal, Francisco Vega de Lamadrid y los alcaldes de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí; Ensenada, Gilberto Hirata Chico; Tecate, César Moreno González de Castilla; y Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, publicaron en diversos medios un desplegado en el que señalaban una “política de chantaje” de parte de La Crónica de Mexicali, Frontera Tijuana y Frontera Ensenada.

Ante esa situación, el departamento legal de Grupo Healy elabora el planteamiento de la demanda judicial procedente para exigir la responsabilidad resultante del hecho calumnioso que hacen quienes suscribieron el desplegado.

En los términos del artículo 1794 bis del Código Civil del Estado de Baja California se establece que están obligados a reparar el daño moral que hubieren causado las personas que imputan a otras un hecho determinado y calificado como delito si ese hecho es falso.

“Grupo Healy y los medios que lo conforman rechazamos de manera tajante los señalamientos vertidos por el Gobernador del Estado y los alcaldes de los cinco municipios de Baja California”, señala esta Casa Editorial en la postura difundida el pasado viernes.

Grupo Healy destaca que el objetivo como empresa editorial conformada por los diarios El Imparcial y La i, en Sonora y La Crónica de Mexicali, Frontera Tijuana y Frontera Ensenada en Baja California, es la de +informar de manera objetiva, veraz y oportuna, como ha venido haciendo durante casi ya 78 años.

Las acciones tomadas por las autoridades estatal y municipales, de señalar públicamente a Grupo Healy y suspender de manera inmediata toda relación comercial con esta empresa, se dan a raíz de una serie de trabajos periodísticos en los que se evidencian problemáticas económicas y sociales tanto en Baja California como en cada uno de los municipios del estado.

Las informaciones dadas a conocer por La Crónica, Frontera y Frontera Ensenada incluyen, por ejemplo, el hecho de que Baja California ocupa el primer lugar en delitos del fuero común en la franja norte del país y el reconocimiento de representantes de la iniciativa privada de la falta de acción del gobierno estatal para inhibir dicha situación.

Se informó que Francisco Vega de Lamadrid construye una residencia en un predio de más de 2,500 metros cuadrados en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, además de la adquisición, ya siendo gobernador del estado, de un terreno de 6 hectáreas en Valle de Guadalupe.

De igual modo se informó en Tijuana sobre el cierre de comercios establecidos a causa de las obras de infraestructura; en Ensenada se dio a conocer la forma en la que el alcalde. Gilberto Hirata Chico, engrosó la nómina municipal con personal externo, y en Tecate de dio a conocer el elevado sueldo que percibe el Primer Edil, César Moreno González de Castilla.

En Mexicali se destapó el caso de corrupción en la entidad municipal Centro Deportivo Juventud 2000, cuyo director era Gabriel Morgan Lara, hijo de, Rafael Morga, secretario particular del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.