Ciudad de México.- Los mexicanos se preparan para elegir a los jueces del país por voto popular, en un experimento único que, según advierten grupos legales, amenaza la independencia judicial, echa por la borda 30 años de conocimiento y abre la puerta al crimen organizado, destacó hoy el Financial Times.

El diario destacó que los inversionistas temen que una reforma radical imposibilite ganar cualquier caso contra el gobierno.

Mencionó que, en las elecciones del 1 de junio, México reemplazará a casi 900 jueces a nivel federal y a cientos más en 19 jurisdicciones estatales en un proceso de votación inédito en otros lugares y que se implementó en tan sólo ocho meses.

Anteriormente, los candidatos a jueces trabajaban durante muchos años dentro del sistema y presentaban exámenes competitivos, pero ahora solo necesitan cinco años de experiencia legal y un título en derecho, destacó la publicación.

El nuevo sistema fue impulsado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que criticó duramente a los jueces que bloquearon la legislación que él favorecía, y su sucesora, la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha apoyado la votación, argumentando que reducirá la corrupción y aumentará la rendición de cuentas de los jueces.

El diario británico indicó que expertos legales nacionales e internacionales han criticado la idea, al igual que inversionistas y exfuncionarios de las instituciones independientes de México.

“ La consecuencia más grave de estas elecciones es que absorberá, capturará, domesticará y controlará el Poder Judicial”, declaró Luis Carlos Ugalde, ex director del Instituto Federal Electoral.

“ En la práctica, el control político y judicial sobre el Gobierno se verá casi completamente erosionado”, dijo.

Luis Pereda, del Colegio de Abogados de México, y Adriana García, del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, escribieron este mes que “este es un mecanismo disfuncional impulsado por el partido gobernante y sus aliados, que echó a perder 30 años de mejoras graduales en el Poder Judicial”.

“ Es el escenario ideal para la infiltración de intereses criminales”, añadieron.

Un sorteo decidió qué mitad de los jueces federales serían reemplazados el domingo y cuál en 2027. La mayoría de los candidatos a las elecciones fueron elegidos por el partido gobernante y no recibieron financiación pública ni privada.

En entrevista con @LuisCardenasMx, @JuanFTorresLand calificó la #ElecciónJudicial como un proceso kafkiano, donde no se contarán los votos en la casilla y no se van a inutilizar las boletas. #AntiMapaches pic.twitter.com/g70M4Qffe6

— UNE México (@unemexico_) May 26, 2025

Algunos están abiertamente asociados con el partido gobernante, Morena. Una candidata a la Suprema Corte se ha autoproclamado “abogada de AMLO”, en referencia al ex Presidente López Obrador.

El FT señaló que el instituto electoral espera una participación de entre el 8% y el 15%, en comparación con más del 60% en las elecciones presidenciales del año pasado.

“ Menos del 1% entiende por qué vota”, declaró Jorge Sepúlveda, vicepresidente del Colegio de Abogados de México.

Algunos candidatos no tienen oposición y pueden ser elegidos con un solo voto. “Kafkiano ni se acerca”, afirmó Carlos Ramírez, de la consultora de riesgo político Integralia.

El diario mencionó que en un momento de gran incertidumbre para México, con el Presidente Donald Trump imponiendo aranceles y amenazando con acciones militares contra los cárteles de la droga, la reforma judicial es vista por las empresas como un factor disuasorio adicional para la inversión.

“ Nadie podrá ganarle los casos al Gobierno”, declaró un ejecutivo de una empresa extranjera en México, que pidió no ser identificado.

“ El Gobierno siempre ganará, incluso en disputas fiscales y de competencia. El único contrapeso será Trump”.

La Administración Trump aún no se ha pronunciado, pero el Secretario de Estado, Marco Rubio, estuvo entre los senadores estadounidenses que firmaron una carta el año pasado argumentando que “las reformas judiciales propuestas en México socavarían la independencia y la transparencia del poder judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad cruciales que comparten nuestras dos naciones”.