Chihuahua, Chih.- La Subsecretaría de Asuntos Internos de la Policía Estatal ha realizado en este año 254 investigaciones que están aún abiertas, las cuales han dado como resultado la baja de 100 oficiales y la apertura de procesos contra 10 de ellos, ya que se les acusa de haber cometido un delito relacionado con el crimen organizado. Bianca Nevares, titular de la instancia estatal, expresó que esto se debe a un proceso de depuración de la corporación.

La funcionaria expuso que se tienen 124 carpetas en integración, 16 en proyecto para pasar a la Comisión de Honor y Justicia, así como 71 quejas archivadas, en las cuales no se determinó que se hubieran cometido actos sancionables.

Expresó que el área a su cargo se encarga de darle seguimiento a las quejas y recomendaciones, además de que se creó la Dirección de Transparencia, Revisión de Cuentas y Derechos Humanos en donde se atienden las denuncias que la ciudadanía interpone ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). A la fecha hay 8 quejas y seguimiento a 7 recomendaciones que corresponden a asuntos de anteriores administraciones.

La subsecretaria detalló que las quejas ante la CEDH abarcan principalmente casos de uso excesivo de la fuerza y extorsión de policías a nivel estatal a las cuales se les da el seguimiento correspondiente.

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En lo que va del año se han dado de baja a más de 100 policías estatales, ya sea por la comisión de algún hecho delictivo como uso el excesivo de la fuerza o extorsión, así como por no reunir los requisitos para permanecer en la Corporación”, precisó.

Precisó que de los policías estatales dados de baja, en nueve de los casos se contempla la comisión de alguna falta de alto impacto, además de otros 10 casos de los que se dio parte a la Fiscalía General del Estado por presunta relación del elemento con la delincuencia organizada.

Agregó que en las carpetas que se inician por la presunta comisión de delitos graves o de alto impacto, se procede a la suspensión inmediata del elemento, para efectuar las indagatorias. Expuso que los ciudadanos pueden denunciar con la seguridad de que su identidad se mantiene protegida.