Ciudad de México.- El expresidente Donald Trump intensificó sus ataques contra Harvard, a la que calificó como una “institución antisemita de extrema izquierda”, en medio de una disputa legal por la congelación de más de 2 mil 200 millones de dólares en fondos federales. La universidad interpuso una demanda para revertir la medida que considera una interferencia política que vulnera su autonomía académica.

Desde su retorno a la Casa Blanca, la administración republicana ha desplegado una estrategia de presión contra instituciones educativas de élite, acusándolas de permitir antisemitismo, promover la ideología de género y aplicar políticas de diversidad que, según Trump, discriminan a estudiantes blancos. Las acciones incluyen amenazas de recorte presupuestal, cancelación de visas y deportación de estudiantes extranjeros vinculados a protestas contra la guerra en Gaza.

Trump aseguró que Harvard representa un “desastre liberal” y afirmó que la institución ha admitido a “estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar nuestro país”. En respuesta, la universidad busca que se declaren ilegales tanto la suspensión de fondos como las nuevas condiciones impuestas a las subvenciones.

El presidente de Harvard, Alan Garber, denunció que la universidad ha sido objeto de numerosas investigaciones federales. Durante las manifestaciones estudiantiles en contra del conflicto en Medio Oriente, la institución sancionó a 23 estudiantes y negó el título a otros 12.

A la par, un juez de Nuevo Hampshire falló en contra del intento de Trump de recortar recursos a escuelas públicas que aplican políticas de igualdad y diversidad, aunque el alcance del dictamen es limitado y solo protege a instituciones vinculadas a la Asociación Nacional de Educación (NEA) y al Centro para el Desarrollo de Educadores Negros (CBED).

La ofensiva de Trump ha generado reacciones en el Congreso, donde varios senadores judíos lo acusaron de manipular el antisemitismo como herramienta para debilitar los derechos y normas democráticas. La orden ejecutiva del 23 de abril redefine los criterios para que universidades accedan a becas y préstamos estudiantiles, en un intento de reestructurar lo que el expresidente considera un sistema “disfuncional”.

En un caso reciente, la Universidad de Columbia aceptó implementar medidas como la presencia de agentes de seguridad con capacidad de detención y la revisión de su currículum sobre estudios de Oriente Medio, tras perder 400 millones de dólares en fondos federales.

El conflicto refleja una confrontación más amplia entre la visión conservadora del gobierno y los principios de libertad académica que defienden las principales universidades del país.