Naciones Unidas.- Entre 700 mil y dos millones de mujeres y niñas son traficadas cada año a través de fronteras internacionales, la mayoría de ellas con la intención de ser vendidas y explotadas sexualmente, de acuerdo con la ONU.

“Las cifras estimadas guardan una distancia muy amplia entre ellas, porque resulta muy complicado calcular un comercio ilegal y subterráneo”, afirmó Silvia Pimentel, directora del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).

En una conferencia de prensa en la sede de la ONU, Pimentel exhortó a los gobiernos del mundo no sólo a aprobar leyes que protejan los derechos de las mujeres y eliminen la discriminación de género sino a implementarlas a fondo.

Expresó también que sigue siendo preocupante la escasa representación de las mujeres en los puestos de mayor relevancia en los ámbitos público y privado.

Según CEDAW, solo uno de cada seis funcionarios de gobierno de nivel ministerial en el mundo es mujer. Asimismo, tan solo 13 de las 500 empresas más grandes del mundo tienen una directora ejecutiva del sexo femenino.

Pimentel estuvo acompañada por Rashida Manjoo, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, quien este lunes presentó su reporte a la Asamblea General de la ONU, basado en sus visitas a tres países: Argelia, Estados Unidos y Zambia.

El informe indicó que la violencia contra la mujer es “omnipresente, extendida e inaceptable”, e indicó que las distintas formas de agresiones contra la población femenina son a la vez causa y consecuencia de la discriminación, la desigualdad y la opresión.

En su investigación sobre Estados Unidos, la experta indicó que “entre las mujeres inmigrantes existe una mayor prevalencia de malos tratos debido a su limitado acceso a servicios jurídicos”.

Indicó también que muchas mujeres que viven con estadunidenses evitan solicitar ayuda de las autoridades en caso de sufrir violencia por miedo a ser deportados.

Asimismo, estableció que “a menudo los agresores no inician el procedimiento de solicitud de la residencia permanente para su pareja o cónyuge extranjera a fin de mantener su autoridad y control sobre esas mujeres”.