En Coahuila los ayuntamientos siempre duraron tres años, eso era lo normal, lo que la gente conocía de toda la vida. Luego, a partir de los comicios de 2005, se decidió alargarlos a cuatro años completos. Fue un cambio grande, pionero en el país, y aquellas primeras administraciones municipales de cuatro años son las que todavía hoy generan conversación.

Uno se pregunta: ¿valió la pena el extra de tiempo? Ahora, con los presidentes que tomaron posesión el 1 de enero de 2025 y que terminarán su cargo el 31 de diciembre de 2027, hemos regresado a tres años.

Pero antes de mirar hacia adelante, vale la pena voltear a ver qué dejaron aquellos cuatro años. Porque, la verdad, hasta el momento no hay un estudio profundo, con números que aguanten un escrutinio serio.

Lo que queda es la voz de la gente, la que paga impuestos y siente el peso en el bolsillo. Y el sabor que predomina es amargo, créanme. Piénsenlo un momento. La idea que más se repite en las plazas, en las tienditas y en las sobremesas es dura pero clara: cuanto más largo el periodo, más pesada la deuda que se hereda. No solo al que llega después, sino a nosotros, los causantes, los que al final pagamos lo que se hizo, lo que no se hizo, las deudas acumuladas y hasta esos desvíos que a veces salen a la luz cuando ya es tarde.

Es como si esos doce meses extra hubieran dado espacio para que las cosas se enredaran más de la cuenta. Uno se queda pensando y se cuestiona, ¿no era mejor el ritmo de tres años, más corto, pero quizá más vigilado?

De los treinta y ocho municipios que tiene el estado, oficialmente solo dos cerraron sin deudas nuevas generadas en su propio mandato: Saltillo y Torreón. Lo que aparece en los papeles son créditos viejos, de mediano y largo plazo, que venían arrastrándose desde antes de que llegaran estos ayuntamientos.

Y entre esos dos, Saltillo se lleva los aplausos: limpia, ordenada, sin problemas financieros frescos que lamentar. Torreón también salió sin deudas directas de esos cuatro años, pero ahora, poco a poco, están apareciendo los “prietitos en el arroz”, irregularidades que nadie vio en su momento y que la comunidad torreonense empieza a conocer con sorpresa.

Para muchos sorpresa, otros no se lo creen así que se pueden imaginar la cara cuando creían que todo estaba en orden y de repente surgen detalles que cambian la historia completa.

En los treinta y seis municipios restantes, el patrón duele verlo y se repite, aunque sí hay que decirlo como son las cosas, entre más pequeña la comunidad, más grande el adeudo que recibe el siguiente. Es casi una regla cruel.

Solo por mencionar un caso se encuentra San Pedro de las Colonias, es decir, una deuda que supera los cien millones de pesos y obras de beneficio comunitario que brillaron por su ausencia.

Uno se queda con la pregunta flotando o como dirían los locutores, “la pregunta está en el aire”: ¿dónde quedó el dinero y dónde está la obra que prometieron?

Recuerdo entrevistas de banqueta con vecinos de allá que me decían, con voz cansada: “Parecía que todo se iba en planes y al final nada tangible”. Duele, escuchar a la gente de colonias populares quienes me confían más sus declaraciones porque no se sienten intimidados con mi libreta y pluma, así como mi grabadora integrada en mi celular a si estuviera una cámara de video televisión de algún canal noticioso local.

Y ahora sumemos otro caso que ha estado en boca de todos recientemente: Múzquiz. Durante la gestión de Tania Flores Guerra surgió un supuesto desvío de recursos que, según la Auditoría Superior de la Federación, alcanza al menos 57 millones de pesos en fondos federales sin justificar. Las acusaciones totales, incluyendo recursos municipales y estatales, podrían llegar a los 250 o incluso 280 millones. Irregularidades en la asignación de obras, contratos que no cuadran… y la exalcaldesa ya está vinculada a proceso por ejercicio abusivo de funciones. Aunque también hay que aclarar que la exalcaldesa de Múzquiz reaccionó públicamente en diciembre del año 2025 de tratarse un proceso por decisión política y no justificado jurídicamente, pero el tiempo lo determinará. A la fecha solamente fue vinculada a proceso el 23 de diciembre de 2025 por el delito de ejercicio abusivo de funciones (principalmente por presuntas asignaciones irregulares de obra pública y contratos), mismo que viene integrado en el número de expediente oficial es la Causa Penal 1119/2025.

Es otro ejemplo claro de cómo en una comunidad no tan grande el periodo sirvió para dejar una mochila pesada. Uno se pregunta dónde fueron a parar esos recursos que tanto necesitaba la gente.

Otro caso que no se olvida es Nueva Rosita. Al nuevo alcalde le dejaron un adeudo con bancos que superaba todo el presupuesto de un año entero. Y como si fuera poco, inventaron un impuesto novedoso que cobraron a los negocios. La gente recurrió al amparo, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional y lo tumbó.

Ahora el nuevo edil tiene que tapar ese hueco con participaciones e ingresos propios. Imagínense comenzar un gobierno ya debiendo más de lo que puedes generar. Es como salir a correr con los zapatos amarrados.

Tampoco crean que solo los pueblos chicos cargaron con esto. Municipios medianos como Monclova y Piedras Negras también están en esa lista. Esos cuatro años, según muchos, sirvieron sobre todo para endeudar al máximo a la gente: obras a medias, proveedores esperando pago desde hace tiempo, servicios que se caen a pedazos. Los ciudadanos de esos municipios miran las calles y piensan: ¿esto era el plan?

Y no podemos olvidar los Sistemas Municipales de Agua y Saneamiento, los famosos SIMAS. Quedaron igual de complicados, y en varios casos hasta peor que los ayuntamientos mismos.

Hoy hay municipios donde, por no pagar la luz a la Comisión Federal de Electricidad, ya están amenazados con el corte de suministro. ¿Se imaginan lo que eso significa? Hospitales a oscuras, pozos parados, agua que no llega a las casas.

Algo que definitivamente pegaría directo a las familias, que bastante tienen con el día a día. En los SIMAS hay que agregar lo mal que resultó la cobranza en muchos lugares. Directores que no lograron cobrar como debían, y carteras vencidas que superan cualquier imaginación.

El caso más visible sigue siendo Torreón, con más de doscientos millones de pesos de ocho o diez años que nadie cobró como se debía. Mientras tanto, seguían los gastos superfluos: carnes asadas, nóminas infladas de consentidos, “apapachos” y despilfarros que nada tenían que ver con llevar agua limpia a la gente.

La sociedad, directamente los contribuyentes como ustedes y como yo, no tenemos por qué pagar la ineptitud, la incapacidad y las uñas largas en el manejo de recursos públicos. Al final del día, uno se queda reflexionando. ¿Valió la pena alargar aquellos cuatro años? ¿Sirvió para que las cosas mejoraran o solo dio más tiempo para que los problemas crecieran?

La lección parece clara: el tiempo no es mágico. Lo que cuenta es cómo se usa, con transparencia, con cuidado y pensando siempre en quien paga la cuenta. Porque esa cuenta siempre llega a la misma mesa: la nuestra.

Ahora que hemos vuelto a tres años, ojalá las nuevas administraciones tomen nota. La gente ya no quiere más deudas que pesen como plomo. Quiere resultados, quiere obras, quiere que el dinero rinda. Y eso, mis lectores, es lo mínimo que merecemos después de todo lo que hemos visto. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org