México, DF.- En un operativo sin precedentes en la historia del país, ayer las Fuerzas Federales y el Ejército Mexicano detuvieron a 10 alcaldes michoacanos y 17 funcionarios y ex funcionarios estatales así como jefes policiacos vinculados con el crimen organizado.

Ricardo Nájera, vocero de la PGR, explicó que las detenciones son resultado de una investigación de varios meses entre esa institución, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Los funcionarios, detenidos en operaciones simultáneas un varias ciudades de la entidad, fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en el DF, donde permanecen en calidad de presentados y no se descarta que de un momento a otro sean arraigados.

Responsabilidades
Según el vocero de la dependencia federal, en los próximos días se determinarán las responsabilidades de los detenidos, entre los que figuran, además de los munícipes, la ex secretaria de Seguridad Pública de Michoacán –hasta marzo– Citlalli Fernández, así como el ex director de Seguridad Pública Mario Bautista Ramírez.

Cuestionado sobre la eventual responsabilidad del ex gobernador Lázaro Cárdenas, debido a que la mayoría de los detenidos formaron parte de su equipo de trabajo, Nájera afirmó que no se descarta ninguna investigación; pero hasta ahora no existen elementos contra el ex mandatario.

Ayer mismo, el gobernador Godoy anunció que había solicitado la renuncia del procurador de Justicia del estado, Miguel García Hurtado, así como del subprocurador de Morelia, Ignacio Mendoza, ya que también están requeridos por la justicia federal. El mandatario estatal instruyó a ambos ponerse a las órdenes de las autoridades correspondientes.

LOS DETENIDOS

Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán.
Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec.
Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga.
Antonio González Rodríguez, de Uruapan.
Audel Méndez Chávez, de Coahuayana.
José Cortez Ramos, de Aquila.
Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista.
José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo.
Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío.
Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro.

‘LIMPIAN’ MICHOACÁN

Autoridades federales detuvieron a 10 alcaldes y a altos funcionarios y jefes policiacos estatales y municipales de Michoacán, así como a un juez, en un amplio operativo simultáneo, por sus “presuntos vínculos con el crimen organizado”, particularmente a “La Familia Michoacana”.

La PGR informó ayer que en total fueron 27 personas las capturadas, en cumplimiento de una orden de localización y presentación obsequiada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Estas 27 detenciones son producto de un trabajo de varios meses y de coordinación entre la SIEDO, Policía Federal y Ejército Mexicano “que desarticulan redes de protección usadas por el grupo delictivo de la Familia Michoacana”, dijo en rueda de prensa el vocero de la PGR, Ricardo Celso Nájera Herrera.

También enmarcó este operativo en los esfuerzos de las autoridades federales por recuperan “los espacios geográficos donde el crimen organizado se vinculó a las autoridades locales para realizar sus actividades ilícitas con toda impunidad”.

Las detenciones se realizaron “en cumplimiento de una orden de localización y presentación” otorgada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Entre los detenidos figuran: 10 presidentes municipales, el coordinador de Asesores del Procurador de Justicia del Estado, el director del Instituto Estatal de Formación Policial, el jefe de agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, dos directores de Seguridad Pública municipal, diversos jefes de grupo, comandantes y policías, así como la ex secretaria de Seguridad Pública estatal y actual asesora del Gobernador y un juez de primera instancia.

UNO A UNO

Fue desde las 06:30 de la mañana de ayer que autoridades federales se constituyeron en los domicilios de algunos de ellos, presidencias municipales y oficinas de la Procuraduría del Estado en donde los agentes del MP exhibieron las órdenes respectivas a los requeridos.

El primero de ellos en ser notificado fue Mario Bautista Ramírez ex titular de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quien de inmediato fue trasladado al DF.

Ayer mismo fue cateado el domicilio de la ex secretaria de seguridad pública Citlalli Fernández González, quien también permance detenida en el DF.

Más tarde alrededor de las 10:30 horas cerca de 200 elementos de la PFP y agentes del MP de la Federación se acordonaron las instalaciones de la PGJ, en donde requirieron a dos agentes de la Policía Ministerial y dos funcionarios entre ellos un asesor del Procurador y el primer comandante de la Policía Ministerial de la región Morelia.

OTRO FUNCIONARIO

Minerva Bautista Gómez, secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, confirmó que el ex director estatal de Seguridad Pública, Mario Bautista, fue requerido la mañana de ayer por personal de la SIEDO, y trasladado al DF.

La funcionaria estatal informó que familiares de Mario Bautista se comunicaron vía telefónica primeramente con José Manuel Revueltas, actual director de la PEP, y posteriormente con ella, para comentarles lo ocurrido.

Minerva Bautista indicó que a diferencia de la ocasión anterior en que fue allanado el domicilio particular del mando policial, así como golpeados sus familiares y él mismo, en esta ocasión los policías federales actuaron con respeto e inclusive permitieron que Mario Bautista se aseara y vistiera para llevárselo, según el testimonio de sus consanguíneos.

Bautista dijo que la captura del actual director del Instituto Estatal de Formación Policial ocurrió alrededor de las 07:00 horas, y dio a conocer que el Gobierno de Michoacán se encuentra preocupado por esta situación, cuyos pormenores ya son investigados por las autoridades federales.

ALCALDES PRESOS NO TIENEN FUERO

Una vez que terminen de rendir su declaración, los 10 alcaldes podrán ser detenidos, arraigados y hasta consignados ante un juez si la PGR considera que son responsables de algún delito federal, porque no gozan de fuero.

Los alcaldes, explican abogados, no están contemplados en la lista de funcionarios a los que la Constitución les da fuero para que no puedan ser sometidos a un juicio.

La Carta Magna, en su Artículo 108, sólo permite que los estados, a través de sus constituciones, sean quienes doten o no de fuero a sus presidentes municipales; pero únicamente para que no se les puedan fincar delitos locales, aclara Édgar Corzo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Por ejemplo, detalla, en Sonora, los presidentes municipales sí gozan de fuero.
Pero en el caso de Michoacán, precisa Corzo, la Constitución local tampoco contempla a los alcaldes dentro de las autoridades a las que les otorga fuero, por lo que también se les pueden fincar delitos del fuero común sin necesidad de que se requiera autorización del Congreso de su entidad.

SERAN ARRAIGADOS

Por su experiencia en la materia, el penalista Jorge Nader estima que, aunque el procedimiento que se siguió para detener a los alcaldes no fue el adecuado, porque acudieron en calidad de presentados, seguramente mientras rinden su declaración ante el Ministerio Público la PGR solicitará una orden para arraigarlos.

Porque, explica el también director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, de esta forma la PGR ganará tiempo para concluir, durante el tiempo que dure el arraigo, sus investigaciones y determinar si los consigna o no.

UN CASO

El último alcalde al que la PGR detuvo y que arraigó fue el perredista Mario Moreno Conrado, a quien presuntamente vinculaba con una banda de secuestradores y a quien tuvo que liberar después de mantenerlo privado de su libertad durante 30 días porque no le comprobó nada.

Después de quedar en libertad, Moreno Conrado regresó a ocupar su cargo como edil de Ixtapaluca el 29 de marzo del presente año.

OPERATIVO FUGAZ Y CONTUNDENTE

Los movimientos que militares y policías federales ejecutaron este martes en Michoacán fueron contundentes. En cuestión de minutos, el operativo que inició en Morelia y continuó en el resto de la entidad michoacana asestó un duro golpe a los principales funcionarios encargados de garantizar protección a los ciudadanos.

En este puerto michoacaano, los soldados iniciaron las aprehensiones en instalaciones de la Policía Municipal, de donde se llevaron detenidos a los comandantes regionales de La Mira, Antonio Sánchez y Baldomero Morales R, en tanto otro grupo acudía a la Subprocuraduría Regional de Justicia para detener al primer comandante de la Ministerial, Noé Medina.

EN OTRO LUGAR

En otra acción simultánea fue capturado en su despacho legal José Lino Hernández Zamora, quien el año pasado ocupó la Dirección de Pública Municipal en el gobierno perredista.

En aproximadamente 10 minutos, elementos del Ejército también rodearon el Palacio Municipal, para que una comitiva militar subiera a la planta alta y detuviera al síndico Abel Salazar Gómez.

Instantes después fue liberado, como sucedió con Julio César Godoy, hermano del Gobernador. En su momento, el candidato a diputado federal aclaró que sólo había sido entrevistado por elementos castrenses, como parte de las acciones que se realizaron en toda la entidad.

DETENCIONES EN CASCADA

En Morelia, el operativo inició minutos después de las 07:00 horas y las detenciones se fueron dando en cascada. Agentes federales llegaron a la residencia de Mario Bautista, quien hasta el 20 de febrero pasado se desempeñaba como director de la Policía Estatal Preventiva. El ex funcionario, quien ocupa el cargo de director de la Academia Estatal de Policía, no ofreció ninguna resistencia.

El segundo nombre que salió a relucir fue el de Ci-tlalli Fernández, la primera mujer en ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, del 14 de febrero de 2008 al 20 de febrero de 2009.

Faltaban minutos para las 10:00 horas cuando patrullas de la Policía Federal llegaron a la Procuraduría General de Justicia. Arribaron elementos de la SIEDO.

Ahí fue detenida Gabriela Mata, jefa de grupo de la Policía Ministerial. Minutos después fue retenido el primer comandante regional, Faraón Martínez. También se detuvo a Irlanda Sánchez Román, destacamentada en el Centro de Protección Ciudadana de Maravatío.

Al filo de las 11:55 horas, fue capturado Ramón Ponce Ponce, jefe de asesores del procurador de Justicia.

El revuelo no fue sólo en Morelia: Tierra Caliente, La Costa y los límites con el Estado de México fueron escenarios de aprehensiones de funcionarios.

DICE EL PRD QUE ES UN ACTO HOSTIL HACIA GODOY

La dirigencia nacional del PRD dio su respaldo total al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y demandó que no haya una estrategia selectiva en el combate al narco y exigió sanciones severas para los funcionarios cómplices del crimen organizado.

Sin embargo, calificó como “una acción hostil” que el Gobierno federal haya realizado el operativo en territorio Michoacano sin notificar al gobernador Godoy Rangel.

Exigió que la lucha al crimen sea apegada a la Constitución, las leyes, los derechos humanos y el pacto federal.

Al leer una resolución de la Comisión Política Nacional –órgano de dirección que aglutina al presidente, secretario y líderes de corrientes– Jesús Ortega asentó la determinación del partido para que todo acto de criminalidad sea perseguido y sancionado conforme a la ley.

Al subrayar el respaldo al gobernador Godoy, indicó que la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas “no puede sujetarse a ningún interés partidario y exigimos al Gobierno federal que el derecho a la seguridad no esté determinado por objetivos de carácter electoral”.

SANCIONES SEVERAS

El presidente perredista subrayó que los criminales y funcionarios cómplices involucrados en las actividades del narco, no importando su militancia política priísta, panista o perredista, deben ser sujetos a la justicia y “deben ser sancionados con severidad”.

Asentó: “La persecución de los delincuentes, sin embargo, no debe ni puede hacerse violentando la Constitución, ni afectando las garantías individuales, los derechos humanos y el pacto federal”.

Subrayó que nadie, incluido el Gobierno federal, debe utilizar la necesidad del combate al crimen para obtener ventajas de carácter electoral.

Indicó que el combate al narcotráfico no puede ser selectivo sino extenderse a todas las entidades con imparcialidad y justicia.

“Por ejemplo, en el caso de Morelos, el gobernador fue avisado y notificado del involucramiento de altos funcionarios de su administración, y eso le dio al propio gobernador tiempo para pedirles la renuncia al procurador de Justicia, al secretario de Seguridad Pública estatal y al secretario de Seguridad Pública de la zona metropolitana”.

RECHAZA MADERO FINES ELECTORALES

El presidente del Senado, Gustavo Madero, sostuvo que los operativos no tienen tintes electorales, sino que son parte del combate al crimen organizado.

“Es parte de los esfuerzos que se están dando para depurar y perseguir a la delincuencia organizada y depurar los cuerpos del Estado en todos los órdenes.

“En esto hay que hacer un respaldo a que estos operativos deben estar siempre en encontrar estos niveles de contaminación e infiltración del narco en los distintos órdenes de gobierno y perseguirlos hasta sus últimas consecuencias”, dijo.

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