Ciudad de México.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, llamó a replantear la materia agraria para proteger la tierra, el territorio y la vida comunitaria. Lo dijo este jueves 29 de octubre en el XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y XI Internacional, organizado por la Comisión de Reforma Agraria del Senado en la antigua casona de Xicoténcatl.

Ante magistrados, especialistas y autoridades agrarias, el ministro afirmó que el derecho agrario no es un derecho de segundo nivel, sino un derecho fundamental, y advirtió que ha perdido presencia en la enseñanza, las políticas públicas y los presupuestos.

Aguilar cuestionó que las instituciones agrarias hayan perdido su sentido de justicia social y que, en la práctica, funcionen como agencias inmobiliarias. Dijo que en sus recorridos ha escuchado a ejidatarios de la península denunciar asambleas simuladas para adoptar el dominio pleno y vender terrenos que después multiplicaron su valor. Señaló que las instituciones se limitan a validar esas asambleas, sin ofrecer alternativas para que los campesinos participen como socios en los proyectos o consigan mejores condiciones de venta.

El ministro planteó que la justicia agraria vaya más allá de los conflictos de propiedad y posesión e incorpore derechos vinculados con el agua, el medio ambiente, la salud y el bienestar. “La tierra es también territorio”, afirmó, y propuso armonizar los artículos 2 y 27 de la Constitución, sobre todo porque muchos ejidos y comunidades agrarias son también comunidades indígenas.

Sostuvo además que el país dio un “golpe de timón” para acercar la justicia a la sociedad. Dijo que hace siete años se frenó el rumbo hacia la pequeña propiedad y se recuperó la idea de la propiedad colectiva. El reto, concluyó, es que los cambios normativos se traduzcan en resoluciones justas, accesibles y oportunas para quienes trabajan la tierra.

La Procuraduría Agraria ha señalado que en México hay unos 32 mil 500 ejidos y comunidades agrarias, que ocupan cerca de la mitad del territorio nacional y en los que 5.5 millones de personas son titulares de derechos agrarios.