Ciudad de México.- Una mujer que había solicitado la residencia en Estados Unidos fue deportada recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a haber argumentado que su vida corría peligro si regresaba a su país de origen. Según sus abogados, fue enviada a una zona de África aún no identificada, lo que incrementa la incertidumbre sobre su paradero y seguridad.

La mujer, cuya identidad permanece reservada, vivía en la República Democrática del Congo. Desde los 14 años fue obligada a convertirse en la sexta esposa de un político influyente, como parte del pago de una deuda familiar. Tras ese acuerdo forzado, presenció el asesinato de su padre y sufrió múltiples abusos físicos y sexuales durante años. En ese contexto tuvo cuatro hijos y vivió bajo condiciones que sus defensores describen como las de una “rehén doméstica”.

De acuerdo con los documentos legales, la mujer había advertido que su supuesto esposo la esperaba en su país para matarla. La deportación, por tanto, representa una emergencia humanitaria, ya que la expone directamente a un escenario de violencia extrema.

ICE y el endurecimiento de la política migratoria

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se convirtió en uno de los símbolos más controvertidos de la política migratoria durante la administración de Donald Trump. Desde el inicio de su mandato en enero de 2025, el gobierno prometió deportar a un millón de migrantes indocumentados por año, intensificando operativos y ampliando la capacidad de detención.

En los primeros 50 días de gobierno, ICE arrestó a más de 32 mil migrantes sin estatus legal, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas acciones se ejecutaron bajo programas como el Programa de Extranjeros Criminales, la iniciativa 287(g) y operativos generales, que permitieron a autoridades locales colaborar directamente con ICE.

Muertes en custodia y críticas a ICE

La política de confrontación tuvo consecuencias graves. En 2026, las muertes de migrantes en centros de detención alcanzaron su nivel más alto en dos décadas. Reportes oficiales revelaron que varias personas fallecieron bajo custodia en los primeros días del año, lo que convirtió a la administración Trump en la más mortal para presos de ICE en comparación con gobiernos anteriores.

El caso de Renee Good, quien murió tras un enfrentamiento con un agente en Mineápolis, se convirtió en un símbolo de las denuncias contra el uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos señalaron que las condiciones en los centros de detención eran precarias, con falta de atención médica y hacinamiento.

Tecnología y resistencia comunitaria

La intensificación de las redadas provocó respuestas innovadoras en comunidades migrantes. Una de ellas fue la creación de la aplicación ICEBlock, diseñada para alertar sobre operativos de deportación en tiempo real. El gobierno de Trump calificó la herramienta como un “sabotaje a la seguridad nacional” y amenazó con procesar a sus desarrolladores. Para las comunidades migrantes, sin embargo, ICEBlock representó un mecanismo de defensa frente a la incertidumbre y el miedo.

Protestas contra ICE

Las políticas de ICE desencadenaron protestas masivas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Manifestantes exigieron la abolición de la agencia, denunciando que sus prácticas criminalizaban la migración y violaban derechos humanos básicos.

Las marchas se caracterizaron por consignas como “Abolish ICE” y por la participación de organizaciones civiles, estudiantes y líderes comunitarios. En paralelo, algunos gobiernos locales declararon sus ciudades como “santuarios”, limitando la cooperación con ICE y ofreciendo protección a migrantes indocumentados.