Torreón.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) proyectó un presupuesto de 669 millones 263 mil 798 pesos para 2027, año en el que se desarrollará el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 y en el que se renovarán los ayuntamientos de la entidad.

El monto fue aprobado por el Consejo General del organismo durante una Sesión Extraordinaria celebrada este 14 de septiembre y ahora será enviado al Congreso del Estado, instancia que deberá analizarlo y determinar, en su caso, su aprobación.

Además del proyecto financiero, el IEC comenzó a definir parte de la organización que requerirá la próxima contienda electoral, cuyo proceso local iniciará formalmente el 1 de diciembre de 2026.

Entre los acuerdos se encuentra la creación de la Comisión Temporal de Debates, integrada por las consejeras Madeleyne Ivett Figueroa Gámez, Leticia Bravo Ostos y Layla Karina Miranda Girón.

Esta comisión tendrá a su cargo el seguimiento de la preparación, organización y realización de los debates que se desarrollen durante el próximo proceso electoral, conforme a las disposiciones aplicables.

En la misma sesión fue analizada una solicitud presentada por Emma Hayde Palacios Hernández, relacionada con la implementación de acciones afirmativas para garantizar la participación de integrantes de la Nación N’dee en la elección de ayuntamientos.

Sobre este punto, el organismo indicó que la legislación electoral de Coahuila ya contempla mecanismos de inclusión para personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Una vez iniciado el proceso electoral, el IEC tendrá un plazo de 15 días para emitir los lineamientos relacionados con la designación de fórmulas de regidurías indígenas o afromexicanas. Para su elaboración deberán considerarse las comunidades asentadas en Coahuila y sus respectivos sistemas normativos.

Con estos acuerdos, el Instituto avanza en los preparativos administrativos y operativos rumbo al proceso electoral 2026-2027, mientras que el presupuesto solicitado quedará sujeto a la revisión del Poder Legislativo estatal.