Ciudad de México.- Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reiteraron su llamado a los integrantes del Congreso capitalino a fin de realizar un análisis detallado de las implicaciones que conllevaría la reforma de restructuración de este órgano electoral en los términos aprobados por la Comisión de Asuntos Políticos.

Lo anterior, a unas horas de que se discuta en el pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa que busca reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local con el fin de desaparecer áreas estratégicas del IECM.

Señalaron que en concordancia con la política de austeridad y gasto eficiente asumida por el órgano electoral desde hace años y conscientes de la necesidad de eficientar aún más el destino del erario público, han “planteado la propuesta de que la reestructuración de la institución se realice desde un enfoque técnico e integral”.

“Que atienda los principios de austeridad sin que se afecten tareas altamente especializadas y profesionales; todo bajo un diagnóstico objetivo que garantice el cumplimiento de atribuciones, principalmente de cara al Proceso Electoral Local”, refirió.

Apuntaron que la iniciativa debiera considerar un estudio claro de impacto presupuestal y no sólo circunscribirlo a la desaparición de unidades técnicas especializadas, “que implique el traslado de funciones entre áreas, en detrimento de contar con personal con perfiles profesionales específicos en materia de derechos humanos, igualdad de género, fiscalización y garantías para personas migrantes, profesionalización del personal, operación distrital, entre otros”.

Por ello, dijeron que lanzaron un llamado “atento y respetuoso a los legisladores locales para que antes de aprobar esta reforma se tenga un diálogo abierto, escuchando diversas opiniones y enfoques”.

“A fin de enriquecer la discusión que permita tomar la mejor decisión para contar con una autoridad electoral local que garantice procesos electorales y de participación ciudadana eficientes y eficaces sin que se afecten los derechos de la ciudadanía”, concluyeron.