Ciudad de México.- Después de un amplio análisis, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) buscar y dar a conocer oficios, documentos, correos electrónicos o cualquier información relacionada con el proyecto de minería submarina en Baja California Sur, conocido como Don Diego.

El IFAI ordenó además a la Sagarpa hacer pública la respuesta que dio al punto de acuerdo emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre los permisos para explotar fosfato en el fondo marino, considerando el impacto ecológico y los efectos a la actividad pesquera en el estado.

Ante la solicitud de información de un particular, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se declaró incompetente y lo orientó a presentar su requerimiento ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Inconforme, el ciudadano acudió al IFAI para pedir la revisión de su expediente, que fue turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana.

En su defensa, la Sagarpa reiteró que la información solicitada es competencia de Conapesca, en razón de que es el órgano desconcentrado responsable de todos los temas pesqueros.

Al estudiar el caso, la comisionada ponente determinó que de acuerdo con sus atribuciones en materia acuícola, la Sagarpa es competente para conocer la información y advirtió que en sus archivos debe existir la misma para dar respuesta al requerimiento de la Comisión Permanente, toda vez que de una búsqueda en el sitio de internet de la Conapesca, se localizaron dos actas del Comité de Información, del 25 de noviembre y del 8 de diciembre de 2014, en las que se advierte que Sagarpa le requirió información relacionada con la solicitud de los legisladores.

De este modo, Areli Cano Guadiana concluyó que la Sagarpa puede tener conocimiento de lo solicitado, toda vez que existen constancias de que ha generado información relacionada con el tema y, en ese sentido, debió turnar la solicitud de información a la Coordinación General de Enlace Sectorial y a la Dirección General de Estudios Interinstitucionales.

Asimismo, señaló que el proyecto Don Diego es el único en su tipo en México y existen diversas opiniones sobre los efectos económicos y ambientales de su implementación, por lo que garantizar la transparencia en todo el proceso contribuirá a dar certidumbre entre la población y confianza en las instituciones.

Cano Guadiana agregó que el tema es relevante toda vez que el derecho de acceso a la información surge con motivo de los temas ambientales: “por lo tanto, debe transparentarse lo relativo a temas como el agua, el aire, el suelo y los recursos naturales en general, así como las actividades o medidas que puedan afectar a la población”.