Acuña, Coah.-SISSA Coahuila S.A. de C.V. es la empresa que durante 20 años ha operado la planta de tratamiento de aguas residuales en Acuña, en virtud de la Concesión que le fue otorgada, con el objeto de purificar las aguas residuales, mismas que, entre otras cosas, se utiliza para la generación de energía eléctrica del estado de Acuña y aledaños dentro de Coahuila.

Dicha concesión vencía originalmente el día 18 de septiembre del 2020, sin embargo, mediante un procedimiento legal, SISSA obtuvo la prórroga de la mismo por 20 años más.

SISSA recibió numerosas amenazas por parte de diversos funcionarios públicos como lo son el primer regidor, Armando
Muruaga Gallegos
y el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, en las cuales alegaban su intención de tomar la planta y operarla. Sin duda, para estos funcionarios y muchos otros el operar la planta de tratamiento de aguas resulta atractivo ya que genera una ganancia de alrededor de 60 millones de pesos mensuales.

Ante las diversas amenazas y notas periodísticas advirtiendo la toma ilegal de la planta, SISSA promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.

El día 10 de septiembre del 2020, la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila dictó una suspensión para que la empresa SISSA pudiera seguir operando la planta de tratamiento de aguas con motivo de la concesión otorgada por el Municipio de Acuña.

El día 18 de septiembre a las 13:00 horas, representantes del Municipio de Acuña, de la Comisión Estatal Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila y del SIMAS, acudieron a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales del Estado de Acuña.

El llegar al lugar de los hechos, los integrantes mencionados sobornaron y amenazaron al personal de vigilancia de la planta de tratamiento para acceder a las instalaciones.

Una vez dentro de la planta, los representantes y abogados de SISSA hicieron del conocimiento de las personas que por fuerza entraron a las instalaciones, que no era posible entregarles la planta de tratamiento de aguas ya que existía una orden judicial que les impedía entregar la planta.

Al ver que los integrantes de SISSA no se encontraban en posibilidad de entregar la planta, en medio de golpes, empujones y gritos y de manera por demás violenta tomaron la planta de tratamiento, desacatando una orden judicial.