Ciudad d México.- Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), apeló el fallo que lo sujetó a un juicio en la cárcel por supuestamente ser el segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio.

El ex agente impugnó la formal prisión que el pasado 15 de noviembre le fue dictada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, por el delito de homicidio calificado, señalan registros judiciales.

El caso aún no ha sido radicado en alguno de los dos Tribunales Colegiados de Apelación en Materia Penal de la capital del Estado de México. Una vez que eso suceda, es probable que los magistrados resuelvan la impugnación en unos tres o cuatro meses.

El juez Niño ordenó la aprehensión de Sánchez el pasado 7 de noviembre y, con base en ese mandamiento judicial, al día siguiente la Policía Federal Ministerial de la FGR lo detuvo en Tijuana, Baja California.

El 15 de noviembre, el impartidor de justicia le dictó la formal prisión al estimar que la Fiscalía General de la República le ofreció los indicios suficientes para iniciarle un juicio, fallo que dejó al acusado en el Penal del Altiplano.

Esta fue la segunda ocasión en que el ex agente fue detenido por el caso Colosio, ya que el 23 de marzo de 1994, minutos después del magnicidio fue capturado por la Policía de Tijuana.

Sánchez fue detenido porque vestía una chamarra blanca con manchas de sangre que después se confirmó que era de la víctima. Cuando la PGR le practicó la prueba de rodizonato de sodio, el resultado fue positivo, lo que convirtió a Sánchez en sospechoso.

Sin embargo, la Procuraduría lo dejó en libertad, en parte porque las primeras pesquisas apuntaban a que Mario Aburto había sido el único que disparó contra Colosio.

Desde 2023, la FGR solicitó en cuatro ocasiones la orden de aprehensión contra Sánchez y sólo la pudo conseguir en su último intento del mes pasado.

En un principio, las pruebas novedosas con las que pretendía acreditar la probable participación del ex agente eran un dictamen elaborado en ese año que concluyó por primera vez en tres décadas que la chamarra de Sánchez tenía restos de plomo, bario y antimonio, lo que supondría que disparó un arma.

La otra prueba era el testimonio rendido el 27 de junio de 2023 por Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto en la maquiladora Cameros Magnéticos, en el que identifica en una fotografía a Sánchez como la persona que visitó a Aburto.

Lo relevante de esa diligencia ministerial es que en 1998 Ortiz había acudido a la PGR y no identificó al ex agente como la persona que ella dijo que visitó a Aburto, a pesar de que en esa ocasión le pusieron a la vista 4 fotografías.

En enero del año pasado, el entonces Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de Toluca, Jesús Chávez Hernández, negó la aprehensión porque dijo que el peritaje citado era circunstancial y el testimonio de Ortiz era ilegal y probablemente hasta inducido por la FGR.

Chávez además señaló que la nueva acusación de la FGR tenía un cabo suelto insuperable: en toda la investigación del caso Colosio no hay un solo video o fotografía en que Sánchez aparezca cerca del candidato, en el momento del magnicidio. Tampoco hay un solo testimonio ni ninguna otra prueba que así lo refiera.

En el expediente judicializado el mes pasado, la FGR ya no consideró el testimonio de Ortiz, pero mantuvo el dictamen referido y agregó un peritaje en criminalística de campo, con la pretensión de zanjar el inconveniente señalado por el juez.

Este peritaje elaborado el pasado 17 de octubre, apenas tres semanas antes de pedir aprehensión, concluye que Sánchez no aparece en ningún video cerca de Colosio porque quizá estuvo a 68 centímetros de la víctima, en una postura semiflexionada, y eso impidió que fuera captado por las cámaras desde un ángulo superior.

Esta vez la consignación fue turnada el juez Niño, quien con estas pruebas libró la orden de captura y luego dictó la formal prisión que mantiene a Sánchez en el Penal del Altiplano.