Ciudad de México.- Hugo Buentello Carbonell, exdirector de Operaciones de Leche Liconsa, presentó una demanda de amparo para impugnar la decisión judicial que lo mantiene en prisión preventiva oficiosa, mientras enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso Segalmex, por un presunto desfalco de mil 687 millones de pesos.

La solicitud fue ingresada el 15 de mayo y quedó radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal en el Estado de México bajo el número de expediente 414/2025. El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez admitió el recurso el 19 de mayo.

En el documento, la defensa solicita que el juez revoque la resolución emitida el 16 de abril de 2025, mediante la cual se le dictó prisión en el penal federal del Altiplano. La abogada Gloria Guadalupe García Sandate argumenta que la medida cautelar fue impuesta sin justificación adecuada por parte del Ministerio Público, quien no acreditó la idoneidad, necesidad ni proporcionalidad de la prisión preventiva.

“El mero hecho de señalar que el delito amerita prisión preventiva oficiosa no basta para acreditar que sea la única opción viable”, advirtió la litigante.

La defensa también reprochó que el juez de control Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, no consideró alternativas menos restrictivas para garantizar la comparecencia del exfuncionario al proceso.

En su amparo, Buentello afirma que se violaron sus derechos a la legalidad, defensa adecuada y debido proceso, y subraya que esta medida contradice los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ha declarado inconvencional la prisión preventiva automática.

La CorteIDH ha pedido a México reformar su Constitución para que esta medida solo se imponga tras un análisis individual del caso. No obstante, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han rechazado esta postura, y Morena incluso promovió reformas para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión automática y limitar la capacidad de los jueces para interpretar la Constitución.

La FGR imputó a Buentello por haber firmado, en junio de 2020, un contrato por 86 millones de pesos con Grupo Vicente Suárez 73 para la compra de 50 mil bolsas de leche en polvo, sin que existan pruebas de que el producto haya sido entregado.