México, D.F.- El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, y coordinadores de albergues que atienden a migrantes en todo el país acordaron impulsar una red de colaboración para defender y promover los derechos humanos de las personas indocumentadas en México.

Se busca combatir el creciente riesgo de extorsión y la vulnerabilidad que enfrentan los indocumentados en México, así como brindarles apoyo ante acciones de la delincuencia organizada y abusos en los que pudieran incurrir autoridades, indicó la CNDH.

Durante una reunión que sostuvieron los responsables de la CNDH y de los albergues se acordó establecer una línea de comunicación directa entre ambas partes para la apertura de expedientes de queja, la investigación de las mismas, petición de medidas cautelares, capacitación y difusión de su labor.

Los agravios contra migrantes se dan en diferentes niveles. Se vulneran sus derechos a la seguridad jurídica, el trato digno, a la libertad, la integridad y seguridad de personas, entre otros, aseguró Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH.

Dijo que los migrantes indocumentados más afectados por esta situación son hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y cubanos, especialmente niñas y niños, adolescentes y mujeres adultas.

El ombudsman nacional aseguró que para la CNDH es una prioridad trabajar con esas instituciones para aprovechar su cercanía con la población en situación irregular y su experiencia en la materia.

También señaló la necesidad de que las autoridades sean sensibles al tema y lo reconozcan, además de que lleven a cabo acciones y políticas públicas acordes con la problemática que se enfrenta.

Sobre los secuestros de migrantes, Plascencia Villanueva recordó que desde el inicio de su gestión puso en marcha la Unidad Especial de Atención a Víctimas del Delito de Secuestro, que trabaja en lineamientos de auxilio a todo agraviado de este delito, sin distinguir si es o no migrante, mujer, adulto, indígena o servidor público.

“El delito de secuestro no sólo priva de su libertad a la persona secuestrada, sino que suele destruirle su propio proyecto de vida y el de toda su familia”, agregó.

Dijo que la iniciativa de ley en la materia que está en estudio del Congreso de la Unión permitirá que las familias de personas secuestradas no sufran la indolencia de la autoridad o la injusticia derivada de la impunidad.