Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a César Duarte haber lavado en el sistema financiero 73 millones 925 mil 995 pesos, de un total de 96 millones 685 mil 254 pesos que fueron desviados del erario a dos de sus empresas.

El ex Gobernador de Chihuahua compareció este martes ante María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a la audiencia en la que fue imputado por la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero.

El caso por el que desde ayer el ex Mandatario se encuentra en el Penal del Altiplano tiene como punto de partida los mismos hechos del proceso de peculado y asociación delictuosa que se le sigue en el fuero común y por el que Estados Unidos autorizó su extradición en 2022.

De acuerdo con la imputación de la FGR, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como Financiera de la división del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.

Varios de los depósitos se hicieron desde la “cuenta deudora” para gastos de emergencia del estado, lo que permitía liberar el dinero rápidamente y sin justificar.

Según la indagatoria, algunos testigos declararon que los pagos eran hechos con base en contratos ficticios que eran ejecutados por instrucciones de Duarte, tanto de manera personal, como por medio de otros, como Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, hijo de uno de sus amigos de la infancia.

Hermosillo fue director del Fideicomiso para la Promoción de Actividades Productivas y director General de Administración de la Secretaría de Finanzas estatal, pero al mismo tiempo era oficial y accionista de Financiera de la División del Norte y representante legal de Unión Ganadera.

El proceso que tiene abierto en el fuero común solo pretende sancionar el supuesto desvío y la posible complicidad de otros funcionarios estatales.

El caso de la FGR, además, busca que Duarte también sea procesado porque 73.9 millones de pesos, el 76 por ciento de los recursos desviados, trató de ocultarlos a través de 8 operaciones en el sistema financiero, dispersando el dinero en distintas personas físicas y morales.

La Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, que preside Manuel Granados Quiroz, tenía contemplado presentar un total de 120 datos de prueba en su imputación, entre los cuales de momento ha expuesto dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas de razones sociales y comprobantes de operaciones bancarias.

De acuerdo con la FGR, tras desviarse el dinero del Gobierno de Chihuahua a las dos empresas de Duarte, éstas transfirieron y traspasaron las tres cuartas partes de los recursos a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, y Valles Baca Hermanos.

Las empresas de Duarte también hicieron depósitos a otras razones sociales de su propiedad como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral. Algunos de los depósitos, según la Fiscalía, fueron triangulado a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.

Esta imputación tiene su origen en una denuncia que presentó la Unidad de inteligencia Financiera el 12 de junio de 2029 y que amplió el 12 de mayo de 2022.

Duarte, más delgado, desaliñado y sin rasurar, se presentó este martes a la sala de audiencias con un pants gris oscuro.

Formalmente, su ingreso al Penal del Altiplano fue registrado a las 01:40 horas de este martes.

El ex Mandatario se reservó su derecho a declarar, aunque en el momento de manifestar sus datos generales dijo ser mexicano de nacimiento y tener cierto grado de discapacidad de movimiento por una cirugía de columna vertebral y cervicales.

El hecho de que dijera que hablaba la lengua tarahumara o rarámuri ameritó que la juez decretara un receso para gestionar la presencia de un traductor. Sin embargo, al reanudarse la diligencia, el chihuahuense aclaró que no era necesario un intérprete porque hablaba y entendía perfectamente el español.

“Dije que hablo el dialecto tarahumara porque he convivido con ellos toda la vida”, dijo.

La juez de todas formas le dijo que era imposible que llegara un traductor a la brevedad, ya que el Órgano de Administración Judicial no disponía de uno de ellos en el Estado de México.

La audiencia de imputación fue programada a las 9:00 horas, pero inició con dos horas de retraso. Al cierre de esta edición los fiscales aún no habían concluido la exposición de sus 120 datos de prueba y tampoco se había iniciado el debate sobre la medida cautelar.

Se espera que la diligencia concluya en la madrugada de este miércoles.

Los abogados del ex Mandatario adelantaron que pedirán la duplicidad del plazo para definir la situación jurídica de su representado, lo que implica que sea a más tardar el lunes cuando se dictamine si es o no vinculado a proceso.

Una Juez federal rechazó cancelar la orden de aprehensión y la imputación de lavado de 73.9 millones de pesos contra César Duarte, quien alegó que el trámite con el que Estados Unidos autorizó su procesamiento por esta nueva acusación carecía de las formalidades básicas.

María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, determinó que ella no tenía la atribución para cancelar una orden de captura librada por otro juzgador y que eso deberá reclamarlo el ex Gobernador de Chihuahua a un tribunal de apelación.

Al arranque de la audiencia, Carlos Ríos, abogado del imputado, manifestó que la orden de captura librada el 16 de mayo de 2024 era ilegal y pidió a la juez de elección popular cancelarla.

Una de las razones que expuso es que la nota diplomática 03890 del 8 de noviembre de 2024, mediante la que México solicitó a Estados Unidos su autorización para procesar a Duarte por esta nueva imputación de lavado, simplemente no existe en la carpeta de investigación.

El otro argumento es que la nota diplomática que el pasado 2 de diciembre Estados Unidos entregó como respuesta, extendiéndole su aval a México, no tiene ningún número, sellos de recepción ni apostilla, tampoco el número de la causa penal, el nombre del funcionario que la firma ni del que hace la traducción oficial del documento del inglés al español.

El litigante dijo que pasar por alto estas informalidades era una violación al Tratado de Extradición.

“A Duarte lo pretenden llevar a proceso con una nota diplomática que no tenemos y una autorización que no tiene sellos”, dijo Ríos.