Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República formuló esta tarde una imputación contra Víctor Garcés Rojo, ex director Jurídico de Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 114 millones de pesos, por transferencias de la cementera a siete presuntas empresas factureras.

A través del sistema de videoconferencia, desde el interior del Reclusorio Norte, el ex directivo comparece en una audiencia inicial que preside un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Aunque la audiencia fue programada para las 14:30 horas, inició una hora y media después por problemas de conexión en el recinto judicial de Almoloya, el cual se localiza en las instalaciones del Penal Federal del Altiplano, informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Garcés fue detenido el pasado 10 de junio en Polanco y luego procesado por una imputación del fuero común por el delito de falsedad en declaración en un caso de trata de personas. Desde entonces, está preso en el Reclusorio Norte.

En el caso por el que comparece esta tarde, se le imputa ser parte de una organización delictiva que se dedicó a desviar 114 millones 198 mil 847 pesos de las arcas de la cementera, del 2011 al 2017.

El dinero fue transferido a través de operaciones simuladas a las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Dichas personas morales fueron incluidas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como factureras.

El mandamiento de captura fue girado contra Garcés el 29 de julio de 2020 por el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito en Almoloya.

Los otros imputados contra los que libró la orden de aprehensión son Guillermo Álvarez Cuevas, ex director general de la cooperativa; Miguel Eduardo Borrell Rodríguez; también ex director Jurídico; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo.

Todos ellos están prófugos de la justicia, pues sólo Garcés ha sido privado de su libertad.

Este caso tiene su origen en una denuncia de Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 8 de mayo de 2020 ante la hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Garcés tiene este miércoles dos opciones en la causa federal: elegir que hoy mismo le definan su situación jurídica o solicitar al juez de control que duplique el término legal de 72 a 144 horas para que resuelva si lo vincula o no a proceso.

En cualquiera de los dos casos continuará en la cárcel, pues en el proceso del fuero común le dictaron la prisión preventiva justificada.

Pero en el proceso federal el delito de delincuencia organizada contempla la prisión preventiva oficiosa, es decir, que a diferencia del proceso iniciado por la justicia local, donde puede litigar para el cambio de medida cautelar, en el expediente federal no tiene la posibilidad de enfrentar el procedimiento fuera de prisión. Sólo en casos excepcionales se ha concedido en otros casos la prisión domiciliaria.