Ciudad de México.- “La necesidad de contar con fiscalías especializadas nace de la triste realidad que viven las mujeres en nuestro país, quienes día a día ven violentados sus derechos, son discriminadas, son lastimadas, son abusadas sexualmente e, incluso asesinadas”, aseguró la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Durante su intervención en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se analizó la acción de inconstitucionalidad 154/2021 relativa a la denominación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer en el Estado de Chihuahua, Esquivel Mossa consideró que es válido que dicha Fiscalía también se encargue de perseguir delitos de violencia familiar cuando la víctima es mujer.

Precisó que, por la alta incidencia de delitos por razón de género, es que la Constitución Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, ordenen que las fiscalías de las entidades federativas deben contar con un órgano especializado para atender estos delitos.

La Ministra hizo referencia a diversos instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), o el Comité CEDAW, quienes han enfatizado la necesidad de contar con una protección reforzada que garantice el derecho de acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de delitos por razón de género.

Por lo anterior, la Ministra Esquivel se pronunció en contra del proyecto que propone declarar la invalidez de la porción normativa “y la familia”, al considerar que parte de premisas erróneas, pues “de acuerdo con la redacción de las normas impugnadas y con la exposición de motivos de la reforma legal en análisis, estimo que no se han hecho modificaciones que diluyan la protección de la mujer, sino más bien, se pretendió reforzarla al especificar que los delitos de género vinculados con la familia, como la violencia vicaria y la violencia familiar, también deben perseguirse por esta autoridad ministerial”.

El proyecto se desestimó, por lo que se mantiene el precepto impugnado.