Ciudad de México.- Al cumplirse este sábado los 60 días desde que Estados Unidos solicitó su orden de detención con fines de extradición, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, serán declarados como “prófugos de la justicia estadunidense” y es probable que el Departamento de Justiciale ponga precio a sus cabezas, mientras el Gobierno de Donald Trump prepara acciones por tierra contra los cárteles mexicanos.

Así lo afirma el periodista de El Universal, Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, en donde señala, además, que aunque el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado insistentemente que exista un plazo para responder a la orden de detención que le solicitó Washington en contra de Rocha Moya y otros nueve políticos sinaloenses por nexos con el narco, y ha exigido al Gobierno estadunidense que le muestre pruebas, el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece en su artículo 11 que cuando una de las partes de este acuerdo, en un caso de urgencia, solicite la detención provisional de alguna persona acusada y sentenciada, ante tal pedimento, “la parte requerida tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión del requerido”.

García Soto asegura que ante la inacción del Gobierno mexicano —que ni detuvo a los 10 acusados, de los cuales dos ya se entregaron voluntariamente a EU, ni ordenó una investigación urgente a la Fiscalía General de la República que determinara si había elementos para la acusación— hasta ahora es un misterio cómo responderá la Administración Trump a esta negativa de Sheinbaum, que tiene más que ver con consideraciones políticas, por tratarse de militantes de Morena, que con la supuesta “falta de pruebas” que hasta ahora utilizó la Mandataria mexicana para negarse a responder a la solicitud de la justicia estadunidense.

Lo que se espera, de acuerdo con fuentes norteamericanas —escribe García Soto en Serpientes y Escaleras— es que, al no obtener la detención solicitada al Gobierno mexicano, el Departamento de Justicia de EU procederá a declarar como “prófugos de la justicia” al gobernador Rocha Moya y a los otros 7 acusados que permanecen aún en territorio mexicano.

Así el senador morenista Enrique Inzunza, que lleva mes y medio sin presentarse en el Senado y apenas el pasado jueves apareció de manera remota en una sesión de comisiones, también se convertiría en “prófugo”, al igual que el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y los otros cinco acusados.