Ciudad de México.- Tras cinco años de investigaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) no encontró pruebas contundentes para determinar que hubo financiamiento ilícito a Morena entre el 2015 y 2018, en el que se involucró a Pío López Obrador.

En la discusión del Consejo General del INE, los representantes de Morena, el PRI y PAN aprovecharon para echarse en cara los casos de corrupción de los que han sido acusados sus gobernantes y líderes partidistas.

El organismo contaba con los videos, difundidos por un medio de comunicación en el 2020, en el que se observa a David León, en ese momento funcionario del Gobierno federal y pevemista, entregar un sobre al hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

También integró la declaración de León en la que admite que su manera de apoyar al “movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Así como el reconocimiento del Presidente de la República de dichos recursos se “utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento, para el sonido, para las asambleas”.

Sin embargo, cuando el INE requirió directamente a León explicar su publicación en redes sociales, éste se negó. También lo hizo Pío López Obrador, aunque entregó resolución de la Fiscalía.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tras una resolución de la Suprema Corte, envió copia de la resolución en la que afirma que los videos no presentaban una secuencia de imagen cronológica y continua, eran de mala calidad, con cortes, con audio ininteligible en los diálogos, por lo que determinó no aplicar la acción penal. Incluso, que habían sido alterados y perdía valor probatorio.

“ Hay casos en que la realidad empírica no coincide con la realidad jurídica. El caso que nos ocupa ahora es uno de ellos. Dada la conclusión de la Fiscalía y las limitaciones de investigación por parte del INE, la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto no pudo llegar a conclusiones diferentes. Los hechos conocidos no son considerados pruebas jurídicas”, indicó el consejero Jaime Rivera, quien recordó que todo el País escuchó lo que se decía en ese video.

El INE argumenta que Morena no registró aportaciones en efectivo de ambos personajes entre el 2015 y 2018, y otras autoridades involucradas, como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tampoco quisieron proporcionar información que era considerada de utilidad.

En la discusión, los representantes del PAN y PRI exigieron al organismo electoral no dejar en la impunidad el caso, pues, afirmaron, existían pruebas, e incluso acusaron al Gobierno federal de intervenir para que la Fiscalía no ejerciera la acción penal.

“ Hay corrupción, evidentemente; hay impunidad, también; hay uso indebido del poder, por supuesto, pues son influencias, es el hermano del señor Presidente; y hay un recurso ilícito que no se sabe el origen y tampoco se sabe el destino, porque finalmente, el Presidente dijo que iba a financiar el movimiento, pues es un financiamiento ilícito”, arremetió la priista Marcela Guerra.

Su compañero panista Víctor Hugo Sondón agregó: “Se trata de corrupción a la vista de todos, hechos que no sólo fueron grabados, sino reconocidos por los protagonistas y admitidos por el Presidente. No se trata únicamente de sancionar un hecho del pasado, se trata de demostrar si en México la ley se aplica para todos o si existe una familia de un ex Presidente que pueda ser intocable”.

Los representantes de Morena argumentaron que la Fiscalía realizó una investigación seria y no encontró elementos, por lo que consideraron venganza contra la familia de López Obrador.

“ Este es un caso que la Oposición ha inflado mediáticamente hasta el cansancio, basado en videos alterados, presentados con una clara intencionalidad política, golpear al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un familiar”, soltó el morenista Rafael Santiago.

Y para esquivar las acusaciones, los representantes del partido oficial echaron en cara casos de corrupción de los que se acusa al PAN y PRI, entre ellos el llamado “Cártel Inmobiliario” o las denuncias contra Ricardo Anaya por recibir sobornos en la reforma energética, por lo que acusaban a la Oposición no tener calidad moral para hablar de delitos.

En respuesta, panistas y priistas les recordaron que tienen en sus filas a ex liderazgos de esos partidos acusados de diversos delitos y gobernantes han sido involucrados con el crimen organizado.

Mientras que los consejeros recriminaron a las Fiscalías y demás autoridades no entregar información al INE para resolver casos polémicos.