Ciudad de México.- El crimen organizado apunta a los Gobiernos municipales, en algunos sitios ha logrado imponer a sus candidatos; a otros los ha logrado corromper y, en casos extremos, los asesina.

De 2018 a la fecha, al menos 25 alcaldes o que recién habían dejado el cargo han sido detenidos por su presunto vínculo con el crimen organizado, el secuestro o incluso el asesinato, principalmente en Edomex y Puebla con seis casos cada uno, Chiapas, con cuatro, y Jalisco con dos, según un recuento de REFORMA.

La mayoría de los detenidos militaban en Morena, con 8 casos; en el PRI, 4; de MC, 4; PRD, 3; y del PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México uno cada uno.

El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Operaciones federales y cifras de la violencia

Las mayores acciones contra los ediles se realizaron mediante la “Operación Enjambre“, de noviembre de 2024, que acabó con la detención de la Alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, y de Santo Tomás, María del Rosario Matías Esquivel, ambas del Estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos.

En el estudio “El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México“, publicado en 2024 por las organizaciones civiles Data Cívica y México Evalúa se advierte que el crimen organizado se alía o ataca a las autoridades municipales como parte de una estrategia para tener el control de la esfera política, regenerar arreglos de protección informal de agentes de gobierno, acceder a más y mayores recursos y regular el acceso al poder.

El estudio reporta, de 2018 a 2023, mil 373 eventos de violencia político criminal, 31 por ciento de ellos contra Alcaldes. El 60 por ciento de los ataques resultaron letales.

El 77 por ciento de todas las víctimas fueron del ámbito municipal.

Las cifras revelan que la violencia política se cuadruplicó, pues de 2006 a 2012 se registraron 311 ataques de este tipo, aunque entonces las víctimas también fueron principalmente Alcaldes y candidatos locales.

“ A los Presidentes Municipales no les queda de otra que aliarse con el crimen”, aseguró en entrevista el ex Alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia, quien en febrero de 2014 tuvo que huir del municipio por amenazas de los Caballeros Templarios.

“ Los pocos Alcaldes que se atreven a hacer su trabajo los asesinan, ahí está Carlos Manzo de ejemplo”, agregó.

“ Hoy, lo mismo matan a un Presidente o Presidenta Municipal que no se somete, o un grupo criminal ajusta cuentas al Presidente o Presidenta Municipal que pertenece al cártel enemigo. Los casos de más detenciones obedecen al mismo fenómeno: cada vez es más cotidiana la complicidad de autoridades municipales con el crimen organizado”, advirtió.

Casos recientes y patrones de infiltración

Un día antes de la captura de Diego Rivera Navarro, fue detenido Gerardo Cortés Caballero, Alcalde con licencia de Cuautempan, Puebla, por la coalición Morena-PT, acusado de extorsión, robo de mercancía, distribución de droga y portación de armas exclusivas. El Edil era prófugo desde nueve meses atrás, cuando en un cateo en su domicilio se decomisaron drogas y armas de fuego.

La primera detención de este año fue la de Carlos Alberto Ventura de la Paz, también de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado y homicidio, aprehendido a los cinco minutos del 1 de enero, cuando salía del Palacio Municipal de Atoyac, Veracruz, a donde había entrado para despedirse, y por lo tanto ya no tenía fuero.

“ Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de presidencia”, había posteado en sus redes en su despedida.

El objetivo de la estrategia del Gobierno federal ha sido capturar a servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas y evitar filtraciones internas y que los investigados evadan la acción de la justicia.

El pasado 16 de enero, Omar García Harfuch informó que la Operación Enjambre había permitido la detención de 60 funcionarios públicos y al 5 de febrero sumaban 67 capturas, incluyendo Presidentes Municipales y directores de seguridad.

De estas 60 detenciones se han obtenido 18 sentencias condenatorias.

Entre ellas la de la Alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien fue sentenciada en diciembre pasado 70 años por el homicidio de un síndico municipal.

En marzo de 2025 fueron detenidos de manera simultánea los hermanos Uruviel González Vieyra, Alcalde de MC de 2021 a 2024 de Chalchicomula de Sesma, Puebla, donde había sido reelecto hasta 2027, así como su hermano Giovanni González Vieyra, ex Alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez de 2021-2024, por el mismo partido. Los dos fueron detenidos por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Ramiro González Vieyra, Alcalde de Buenos Aires de 2008 a 2011 por el PRI, se dio a la fuga, pero fue capturado en mayo de 2025.

Mauro Yuriel Jaúregui Muñoz, alcalde de Apulco, Zacatecas, por MC, fue desaforado y detenido en julio de 2025 por presunto nexo con el CJNG. En su lugar se nombró a Israel Ramírez Íñiguez, quien acostumbraba posar como sicario en redes sociales.