Tijuana.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó al ex Gobernador de Baja California Jaime Bonilla para ocupar cargos públicos en los próximos tres años debido a su participación en irregularidades relacionadas con la fallida construcción de una planta fotovoltaica.

La resolución fue notificada al Gobierno estatal el pasado lunes 8 de diciembre, según confirmó la Secretaria de Honestidad y la Función Pública, Gabriela Monge, en conferencia de prensa.

La sanción se debe a una falta considerada grave en el procedimiento administrativo sancionatorio (Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 117/IPRA/2022).

“Conlleva una sanción grave, por eso lo tenía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa hay que recordar que estos asuntos son para resolución. Fuimos notificados el día de ayer, tres años de inhabilitación y obviamente los presuntos responsables tienen las acciones correspondientes para impugnar la resolución”, apuntó Gabriela Monge.

La medida deriva del contrato que la Administración de Bonilla firmó con la empresa Next Energy para la construcción de la planta.

Dicho proyecto fue declarado irregular debido a que el entonces Gobernador no tenía las facultades para otorgar el permiso, pues la concesión de energía de este tipo es una facultad exclusiva del Gobierno federal, según lo estipulado en el documento.

El proyecto fotovoltaico fue impulsado durante la gestión morenista de Bonilla mediante un esquema con dicha compañía, en la que el Gobierno estatal constituyó un fideicomiso para su financiamiento, en el que se retuvieron 123 millones de pesos de recursos públicos.

La actual Gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), confirmó la notificación de la sanción durante su conferencia mañanera de este martes, y recordó que su Administración canceló el contrato de este proyecto.

El actual gobierno presentó procesos legales para recuperar los recursos públicos, logrando la restitución de 172 millones de pesos (monto original más rendimientos).

La sanción de tres años impide a Bonilla contender por un cargo de elección popular, como sería en las elecciones intermedias de 2027, siempre y cuando la sentencia se mantenga firme, puesto que puede ser impugnada por el señalado.

La sanción contra Bonilla forma parte de una serie de procesos legales y administrativos iniciados por las irregularidades de su gobierno.

En este contexto, la Secretaria Gabriela Monge agregó que el lunes pasado fue vinculado a proceso el ex Secretario de Salud de la administración de Bonilla, Alonso Óscar Pérez Rico. La medida se relaciona con denuncias por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

Pérez Rico es acusado de haber realizado adjudicaciones directas irregulares a la empresa Arsa LAB para la adquisición de insumos médicos por más de 39 millones de pesos en 2021, aprovechando un decreto federal por la contingencia de Covid-19, pero para compras que no correspondían a la pandemia.

La denuncia fue presentada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción de Baja California. Otros ex funcionarios como Mikel Roberto Alcántara Hernández, ex director de Administración; Octavio Hilton Reyes, ex oficial mayor, y Miguel Ángel Marín Cardone, jefe de Recursos Materiales también han sido vinculados a proceso por diversos expedientes.

Bonilla, oriundo de Tijuana, Baja California, gobernó esta entidad del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, al cargo arribó abanderado por la coalición entre Morena, PT y el PVEM.