Hermosillo, Son. – Este viernes arrancó formalmente el proceso judicial contra siete personas presuntamente implicadas en el incendio de la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado 1 de noviembre en el centro de esta capital. Los imputados fueron presentados ante un juez de control en los juzgados penales anexos al Cereso 1, en una jornada marcada por el hermetismo y la gravedad de los cargos.

El siniestro, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y 15 heridos, ha derivado en una investigación que apunta a una cadena de omisiones administrativas y falta de supervisión en materia de seguridad.

Cargos y perfiles clave

Durante las audiencias de formulación de imputación, el Ministerio Público presentó pruebas por delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal. Entre los detenidos que ya comparecen ante la justicia destacan:

– Juan G.: Excoordinador estatal de Protección Civil y actual representante de la SADER en Sonora.

– Carlos Jesús A.: Exencargado de despacho de Protección Civil Estatal.

– José Luis A.: Presunto inspector de Protección Civil.

La lista se completa con funcionarios municipales y empleados de la cadena comercial, quienes habrían incurrido en fallas críticas durante las inspecciones y autorizaciones de operación del inmueble.

La ruta de la tragedia: negligencia y falsificación

La investigación ministerial sugiere que el incendio pudo ser originado por la explosión de un transformador eléctrico. Sin embargo, el foco del caso penal radica en que el establecimiento operaba presuntamente bajo condiciones de riesgo, respaldado por la falsificación de documentos oficiales.

Las órdenes de aprehensión —un total de 25 libradas, de las cuales 7 se ejecutaron entre la noche y madrugada del 24 de diciembre— responden a la presunta responsabilidad de estos actores en permitir el funcionamiento de un local que no cumplía con los estándares mínimos de seguridad.

Futuro jurídico

Tras el inicio de las audiencias en las salas 3 y 5 del complejo judicial, el juez de control deberá decidir si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los siete detenidos.

De concretarse la vinculación, se abriría un periodo de investigación complementaria de uno a seis meses. Por el momento, los señalados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso 1.