Ávila.- La Guardia Civil ha intervenido 472 animales exóticos protegidos, valorados en 85.000 euros, que se encontraban en un falso refugio situado en el municipio abulense de Burgohondo, a unos 35 kilómetros al sureste de la capital.

Esta actuación forma parte de la operación Suartx, en la que se investiga a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de estos animales exóticos, según ha informado este sábado en nota de prensa el instituto armado.

Entre los 472 animales intervenidos figuran ejemplares de tortuga leopardo; tortuga de espolones; tortuga mediterránea; iguanas; gecos de distintas variedades; tarántulas y varano del Nilo, que carecían de documentación y trazabilidad legal.

Los ejemplares procedían, en su mayoría, de cesiones irregulares de provincias como Madrid; Badajoz; Ciudad Real; Valencia; Toledo; Huesca; Zaragoza y Sevilla.

Más de dos años de investigaciones

Las investigaciones arrancaron en junio de 2023 por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al detectar diversas irregularidades a través de las redes sociales.

A partir de ese momento, los agentes constataron que las personas implicadas pertenecían a una supuesta Organización No Gubernamental (ONG), que financiaba el cuidado de los animales mediante donaciones obtenidas a cambio de publicidad en redes sociales, pero sin contar con licencias ni autorizaciones.

Al mismo tiempo, los agentes también descubrieron que esta supuesta ONG ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

A ello se sumaba un programa de apadrinamiento económico, dirigido por una bióloga y una segunda persona, que impartían charlas en centros educativos de Ávila y Madrid.

Cuatro investigados

Todas las instalaciones operaban sin licencias, ni autorizaciones municipales y, pese a que los animales estaban en buen estado, la Guardia Civil comprobó que procedían de aprehensiones y donaciones previas, tras las que 200 de los casi 500 animales del falso refugio ya habían muerto.

Por todo ello, cuatro personas han sido investigadas como supuestas responsables de delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y organización criminal.

La operación ha contado con apoyo de personal de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y Tragsatec, así como de agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las diligencias corresponden a los Juzgados de Ávila y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.