México.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso en la lucha contra la marginación invertir en educación, desarrollo, salud y protección social, así como instalar regímenes democráticos que permitan la alternancia periódica en el poder.

Ello lo revela el documento “Combatir la pobreza y la desigualdad. Cambio estructural, política social y condiciones políticas”, realizado por el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), bajo la coordinación de Katha Hujo.

Al presentar el informe en el marco del seminario “México en los escenarios globales”, realizado en la UNAM, la experta indicó que del estudio se desprende que en países cuyos niveles de ingresos son bajos las acciones referidas han arrojado resultados positivos en el combate de la pobreza y la desigualdad.

La liberalización y la globalización económicas no han creado un ambiente conducente al desarrollo sustentable ni socialmente equitativo, asentó la UNRISD.

Citó que el análisis sostiene que existen sólidos argumentos para afirmar que al hacer frente a la pobreza y desigualdad se deben aplicar políticas sociales que respeten el derecho de los ciudadanos a organizarse y oponerse a las políticas públicas como actores autónomos.

Además de la salvaguarda de la garantía individual a formar pactos que den una amplia gama de grupos de voz e influencia en la definición de las políticas de desarrollo, agregó.

El prólogo, escrito por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, establece que el texto es una importante contribución a los esfuerzos para explicar sistemáticamente cómo la reducción de la pobreza depende crucialmente de las interconexiones entre desarrollo económico, política social y condiciones políticas.

“No se puede hacer frente a estos fenómenos con enfoques limitados de protección social, o con la noción, ahora desacreditada, que los beneficios del crecimiento económico lleguen de una manera suficiente por efecto goteo a los pobres”, afirma Ki-moon.

Como lo ha demostrado la crisis financiera económica global, añade el texto, la privatización de los esquemas públicos de jubilaciones y pensiones, opción recomendada por el Consenso de Washington a finales de los 80, ha mostrado un pobre resultado en términos de cobertura y redistribución: produce altos costos fiscales por varias décadas.