Monterrey.- La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del DIF Nacional abrió una investigación contra el Gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez por la adopción temporal de un bebé del DIF estatal, por considerar que existe una “clara vulneración” de los derechos de la niñez.

En un comunicado difundido este martes, el DIF Nacional indicó que desde el 15 de enero que se dio a conocer el caso requirió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León información sobre el supuesto permiso de convivencia familiar o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el niño quedara bajo el cuidado de García y Rodríguez.

La dependencia señaló que otorgó un plazo de 72 horas para la entrega de la información y una vez que la tengan determinarán las medidas procedentes.

El DIF Nacional advirtió que al haber revelado el rostro del niño de cinco meses de edad, así como su nombre y problemas de salud en las redes sociales, se vulneró la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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Existe una clara vulneración de derechos (a la intimidad y a la protección de datos personales), reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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Por lo anterior, se requirió a la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León para que, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño”, indica el escrito.

Asimismo, advirtieron que en la legislación vigente no existen figuras de adopciones temporales y quienes estén interesados en iniciar un proceso de adopción deberán contar con un certificado de idoneidad, el cual solo puede ser expedido por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas Estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Señalan que en caso de tratarse de un acogimiento familiar, que es temporal, se revisará que el matrimonio haya cumplido con el procedimiento de ley, que es: presentar una solicitud, valorar la idoneidad de las personas solicitantes, determinar la certificación y sujetarse a supervisión durante el tiempo que se brinde el acogimiento.