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| Según la investigación, entre el 2015 y el 2023, esta constructora acumula ingresos por casi 223 millones de pesos. Foto: Ilustrativa

Seguridad

Investigan red factureras al padre de diputada local de Nuevo León

  Por Agencia Reforma

Publicado el viernes, 16 de junio del 2023 a las 09:41


También se le indaga por tener operaciones con 15 personas físicas o sociedades que presuntamente están vinculadas a investigaciones

Monterrey, NL.- Una investigación que realizan los Gobiernos federal y estatal advierte que la empresa Proyectos y Construcciones Gave, de Ismael de la Garza Miranda, padre de la Diputada local priista Lorena de la Garza, ha tenido en los últimos años operaciones con empresas factureras y una bonanza por contratos con 13 entes gubernamentales de la entidad, como la Fiscalía.

Documentos a los que tuvo acceso EL NORTE revelan que esta constructora, creada en el 2000 y donde la legisladora tricolor aparece como empleada, tuvo operaciones con proveedores que están en la lista negra del SAT como factureras, entre el 2015 y el 2017.

Éstas dos empresas son Asfaltos, Edificaciones y Desarrollo Inmobiliario y Comercializadora RMI, con las que tuvo operaciones por unos 11 millones de pesos.

Además, en los documentos se advierte que está siendo investigada porque el 82 por ciento de sus ingresos reportados ante el SAT, entre el 2015 y el 2023, han sido provenientes de al menos 13 entes gubernamentales del Estado, sumando 182.5 millones de pesos, lo que pudo haberse dado por influencias políticas.

Entre los entes que han beneficiado a la constructora ligada a la Diputada local priista están los Municipios de Apodaca, Hidalgo, Mina, Salinas Victoria, El Carmen, San Pedro, Escobedo, Ciénega de Flores y Guadalupe. También le han dado contratos Agua y Drenaje de Monterrey, la Secretaría de Educación estatal, el Sistemas de Caminos y la Fiscalía General del Estado.

Según la investigación, entre el 2015 y el 2023, esta constructora acumula ingresos por casi 223 millones de pesos.

También se le indaga por tener operaciones con 15 personas físicas o sociedades que presuntamente están vinculadas a investigaciones por probables hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito y el uso de prestanombres.

 

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